La nueva ley trans, que ha redactado el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que permite la autodeterminación de género sin informe médico a partir de los 16 años, se ha convertido en nueva brecha en el Gobierno de coalición. La parte socialista no ve con buenos ojos el borrador de Unidas Podemos porque considera que hay “algunas posiciones” que están “muy lejos” de lo que este partido defiende.
Sin embargo, en Igualdad siguen empeñadas en que el anteproyecto de ley “estará en la mesa del Consejo de Ministros en la primera quincena de este mes de febrero”, a lo que fuentes socialistas en el Gobierno replican que “aún faltan que se pronuncien otros ministerios, como Justicia y Sanidad, para que se pueda ahormar un proyecto del Gobierno, ya que la igualdad es un tema muy transversal” y porque “aún queda mucho trabajo técnico por hacer”.
En eso es lo único que coinciden ambos socios de Gobierno, en la transversalidad ya que fuentes de Igualdad comparten que “esta ley es transversal, la igualdad es transversal. Incluir observaciones a este borrador por parte de otros ministerios es un procedimiento habitual. Esto no es excepcional, es la norma de trabajo”.
Lo que no parece factible es que estas observaciones, que los socialistas consideran imprescindibles porque lo que quieren es que la nueva ley tenga asegurada la “calidad normativa” necesaria y que “resista el filtro” del Tribunal Constitucional “como han hecho todas las leyes impulsadas por el PSOE en estos 42 años” se resuelvan en dos semanas. Sin embargo, en Igualdad aseguran que sí hay voluntad de sacar adelante este anteproyecto “los acuerdos pueden llegar en horas”
El PSOE insiste en que tienen un compromiso firme con los derechos de las personas transexuales, pero consideran imprescindible contar con “garantías jurídicas” a la hora de legislar estos derechos.
Fuentes de Igualdad insisten en que “incorporaremos todos los cambios pertinentes” y que se acabará llegando “al consenso” porque la ley está en los acuerdos del Gobierno de Coalición y “hay voluntad de negociar” con tal de conseguir una ley que proteja los derechos de las personas trans.
El borrador contempla la libre autodeterminación de género, es decir, que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. Esa es también la edad mínima que queda establecida para tomar las decisiones sobre tratamientos hormonales. Se ha tomado esa barrera de edad porque es la que recoge la ley de autonomía del paciente para que éstos puedan tomar sus decisiones sin consentimiento paterno.
Los menores de 12 a 16 años que quieran cambiar de sexo en el registro civil tienen que contar con el beneplácito de su familia, pero si no es así, el borrador contempla la figura de “un defensor judicial”, que le ayudará en esa gestión. Otras de las disposiciones del borrador es permitir que las personas que no se siente ni hombre ni mujer no pongan nada en el apartado de sexo del DNI.
