Macrojuicio a una red que engañaba a mujeres para venir a España y ejercer la prostitución

El juez no ha considerado probado que el hermano realizara alguna transferencia sin el consentimiento de su padre

Esta semana se celebra en la Audiencia Provincial de Zaragoza un macrojuicio a diez personas que formaban parte de una red que engañaba a mujeres extranjeras para venir a España, obligarlas a ejercer la prostitución en varios pisos de la capital aragonesa para condonar una deuda y además usar a las mujeres para fomentar y facilitar a sus clientes cocaína.

Una actividad que, según defiende el escrito de la Fiscalía, era “dilatada en el tiempo, con reparto no disciplinado pero firme de funciones entre sus miembros”. La organización tenía varios pisos en Zaragoza donde obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución para devolver una deuda que en algunos casos superaba los 3.000 euros.

Las jóvenes, procedentes de Colombia y con un enlace en ese país y otros dos en España, eran convencidas, la mayoría de ellas, con otro trabajo relacionado con la hostelería. Otras conocían que venían a ejercer la prostitución, pero con una deuda mayor de la que se les había prometido. Una vez aquí eran enviadas a uno de los cinco pisos que regentaba la organización para ejercer la prostitución sometidas a vigilancia con cámaras y a consumir drogas, especialmente cocaína, además de fomentar su venta entre sus clientes.

En cada piso había un encargado que controlaba a través de las cámaras, proveía de la manutención a las jóvenes e incluso les concertaba las citas con los clientes. Los pisos no funcionaban de la misma forma. El escrito de acusación de la Fiscalía esgrime que en algunos de ellos las jóvenes recibían el 60% de su servicio, y en otros solo el 25%, siempre pagando con lo recibido los gastos de su manutención.

Varios acusados no han conseguido ser identificados para el proceso judicial, pero dos de los diez que se sientan en el banquillo se enfrentarán este lunes a casi 17 años de prisión, solicitados por la Fiscalía, por los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, favorecer la inmigración ilegal y contra la salud pública. El resto de los acusados se enfrentan solo a tres años y nueve por un delito de prostitución coactiva.

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