El programa Avantius acelera la gestión procesal y atenúa los retrasos causados por la pandemia

La DGA incorporó el programa Avantius tras la firma de un convenio con Navarra en octubre de 2017

Avantius, el programa de gestión procesal implantado por el Gobierno de Aragón en todos los juzgados aragoneses, no solo se consolida como un instrumento informático fundamental, sino que ha sido una herramienta decisiva para aminorar los efectos de los retrasos como consecuencia del estado de alarma en la tramitación de los procedimientos en las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma, según los datos que maneja la Dirección General de Justicia.

Las cifras ponen de manifiesto una paulatina reactivación en el ámbito judicial a partir del mes de junio de 2020. A lo largo del año pasado, a través de Avantius se han anotado 95.955 asuntos en las oficinas de registro y reparto frente a los 109.920 que se registraron en 2019, una disminución debida a los efectos de la pandemia en el ámbito judicial.

El número de expedientes registrados en los órganos judiciales y la Fiscalía asciende en el conjunto de 2020 a 185.070, volumen que también supone un descenso con respecto a los registrados en 2019, anualidad que comunicó 216.417 expedientes. También este indicador apuntó un severo descenso en los meses de marzo y abril, pero las cifras han vuelto a recuperarse a partir del mes de mayo.

Una trayectoria similar han experimentado las notificaciones remitidas por los órganos judiciales y Fiscalía por vía telemática, también a través de Avantius, con una cifra que ascendió a 2.401.136 documentos en 2020. En este apartado, el descenso anual ha sido menor, ya que si bien se produjo una minoración en marzo (66.923 notificaciones) y abril del último año (33.141), repuntó ya en mayo (90.737). En 2019, esta cifra ascendió en el conjunto de los doce meses a 2.446.646 notificaciones.

El recorrido de los números en cuanto a firmas digitales es muy similar. A lo largo de 2020 sumaron 2.296.536 firmas digitales realizadas por magistrados, fiscales y letrados y letradas judiciales. En marzo y abril descendieron notablemente estas firmas para recuperarse posteriormente, aunque sin superar el registro de 2019, anualidad en que el cómputo total fue de 2.471.880 firmas electrónicas.

Hasta finales de 2020, el sistema Avantius ha soportado 185.773 escritos iniciadores (demandas). El pasado mes de junio, una vez abiertos los plazos de presentación tras el estado de alarma, el número de estos escritos ascendió a 22.543. En cualquier caso, la cifra final no superó a la de 2019, que fue de 207.840 escritos presentados.

Finalmente, de enero hasta finales de 2020 se presentaron 333.852 escritos de trámite, cifra que superó a los presentados en 2019, con una cifra de estos escritos que fue de 331.771.

En estos momentos, a lo largo de 2020, se han dado de alta 391 personas jurídicas en la Sede Judicial Electrónica de la Comunidad Autónoma, que responden a todo tipo de entidades y empresas, así como ayuntamientos. A lo largo de 2020 se remitieron 12.719 notificaciones a estas personas jurídicas que, a su vez, han presentado a través de esta vía 2.387 escritos.

La Sede Judicial Electrónica es el punto de acceso electrónico a los procedimientos y servicios que presta cada uno de los órganos y oficinas judiciales y fiscales dentro de la Administración de Justicia en Aragón con el objeto de facilitar su acceso, así como crear un espacio en el que la Administración de Justicia, los ciudadanos y los profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.

El programa Avantius 

Avantius constituye un sistema de gestión integral de expedientes judiciales que permite que los distintos integrantes de los órganos judiciales, fiscales, forenses o cualquier otro profesional (interno o externo) puedan intervenir con total seguridad dentro de un expediente único, vía telemática.

El sistema lo incorporó el Gobierno de Aragón tras la firma de un convenio con la Comunidad Foral de Navarra en octubre de 2017. Además de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo utilizan como sistema de gestión procesal Navarra, Cantabria y Andorra.

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