El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha decidido abrir un expediente de oficio este miércoles para comprobar si existen irregularidades en el proceso de vacunación en Aragón frente al Covid-19.
El expediente nace de las informaciones recibidas de los medios de comunicación en las que “se da cuenta de los casos en los que se habrían cometido posibles irregularidades”. El Justicia pone de ejemplo que, este martes, “se realizó una denuncia pública por parte de un sanitario respecto a esta implantación en un hospital del Servicio Aragonés de Salud”.
Desde la Institución, se entiende que, “de ser veraces dichas denuncias, se estarían incumpliendo derechos fundamentales, esencialmente el derecho a la salud”. Por ello, que personas o colectivos estén siendo inoculados al margen de estas acertadas prioridades, “puede suponer una indebida actuación que hace necesaria la apertura de este expediente para delimitar posibles responsabilidades”, ha continuado.
La prioridad establecida desde el Gobierno de Aragón es que “sean nuestros mayores y discapacitados institucionalizados quienes ocupen los primeros grupos en la administración de la vacuna, junto a las personas que trabajan para ellos y a los sanitarios situados en primera línea de actuación”. Para ello, el Justicia ha anunciado que se ha puesto en contacto con las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón para informen de los protocolos de vacunación.
