ZeC y Podemos piden una regulación de los alquileres de viviendas en Zaragoza

ZeC y Podemos Equo pretenden implementar acciones que promuevan bajadas de precios en los alquileres, tanto en contratos en vigor como en futuros

Los grupos municipales de Zaragoza en Común y Podemos Equo en el Ayuntamiento, de la mano del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, han registrado una moción conjunta para solicitar en la próxima sesión plenaria una regulación de los alquileres en la ciudad, impidiendo así precios abusivos en los contratos de arrendamiento mediante mecanismos de control de estos.

Con esta propuesta de regulación, las formaciones pretenden implementar acciones que promuevan bajadas de precios en los alquileres, tanto en contratos en vigor como en futuros. Además, piden garantizar un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social.

Con ese fin, el Sindicato de Inquilinas, Zaragoza en Común y Podemos Equo han solicitado al gobierno municipal la adopción de mecanismos para la cesión de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas. También, la realización de un estudio sobre la situación de alquiler de vivienda en Zaragoza que permita obtener datos más detallados por barrios y tipología de vivienda, para el diseño de las políticas públicas de vivienda municipal de alquiler.

Además, solicitan al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo cuantas acciones de coordinación sean necesarias con el Gobierno de Aragón para garantizar el derecho a una alternativa habitacional de las personas o unidades familiares vulnerables que se enfrenten a un proceso de desahucio, así como la paralización de los lanzamientos en la vivienda de alquiler municipal en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, instan al Gobierno de España a aprobar una Ley estatal de Vivienda, que permita su desarrollo en el marco las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el derecho a una vivienda digna (recogido en el artículo 47 de la Constitución Española), incluyendo el acceso a los suministros básicos.

En este sentido, las formaciones también han solicitado la adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando su aplicación inmediata en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.

Sin alternativa habitacional no se cumple la legalidad 

Desde el Sindicato de Inquilinas, su portavoz Javier Vadillo ha insistido en la necesidad de garantizar una alternativa habitacional, puesto que “hay una clara intención por no facilitar el proceso”, dado que “la realidad es que este mes había fecha para cuatro lanzamientos”, que finalmente han sido paralizados por la presión popular

En este sentido, ha defendido el papel en la calle, “que está funcionando” pero “no podemos pretender que sea la propia movilización ciudadana la que garantice un derecho fundamental recogido en la Constitución”. Vadillo también ha señalado que, si bien la regulación de precios es una parte fundamental para atajar el problema, “no es la solución definitiva”, porque el acceso al alquiler “es un derecho fundamental independientemente de la situación de las familias y debe ser justo e igualitario para todas las unidades familiares”, algo que “actualmente no está sucediendo”.

El portavoz del sindicato ha defendido que para que esta regulación de los precios sea “rápida”, es necesario que el Ayuntamiento realice estudios sobre la situación “real y concreta” en la ciudad, por barrios, tipo de vivienda y tipología de propietario.

Pedro Santisteve ha defendido la necesidad de esta regulación para hacer frente “a la mayor vergüenza de este país frente a Europa, los desahucios”, que siguen produciéndose en Zaragoza “también en hogares y familias con menores”.

En este sentido se ha preguntado “dónde queda la protección del menor” y ha apelado al Gobierno de Aragón y al Gobierno de PP-Cs en Zaragoza para que coordinen recursos con el fin de atajar este problema. “Las administraciones deben adelantarse y proveer alternativa habitacional, sin que sea un juzgado el que elabore un informe de vulnerabilidad. Los tribunales deberían ser la última respuesta”, ha defendido.

Por su parte, Fernando Rivarés ha señalado que, si bien “el decreto antidesahucios del Gobierno de Coalición representa un avance, hay que seguir dando pasos. Y el próximo debe ser la regulación de precios de los alquileres. Instar al Gobierno de España a regular el mercado del alquiler es la mejor manera para garantizar este acceso justo para todas.

Lo demanda la gente, la sociedad civil, y el PSOE no puede mirar para otro lado”. Con respecto a las otras dos administraciones que se insta en la moción, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, Rivarés ha remarcado la necesidad de que ambas comiencen a colaborar y coordinarse para desarrollar medidas que garanticen una alternativa habitacional en cumplimiento de la Ley 10/16.

Respecto a Zaragoza Vivienda, el portavoz de Podemos ha insistido en que “una sociedad pública como Zaragoza Vivienda, que gestiona vivienda social, tiene que dejar de desahuciar” en cumplimiento de la ley aragonesa 10/16.

La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente cientos de ciudades en Europa y también en España. Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50% en los últimos diez años a nivel nacional.

Además, el incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Al descenso de los salarios debemos sumar los casos de cientos de familias obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con el riesgo de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler.

La crisis del coronavirus está agravando esta situación. Si antes las familias sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre un escenario lleno de incertidumbre ante la posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico.

En este escenario, se multiplican las dificultades para el acceso a una vivienda, el endeudamiento familiar o directamente la pérdida de la vivienda, especialmente para las familias más vulnerables.

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