La complejidad técnica y el largo proceso que supone el trato con las administraciones públicas son dos grandes piedras en el camino para personas e instituciones que quieren invertir en Aragón. Conscientes de ello, el Gobierno autonómico presentó a final de año un proyecto de ley para minimizar todas estas cargas y agilizar todos los trámites administrativos. Una iniciativa que se pactó entre todas las fuerzas políticas, menos Vox, y los agentes sociales en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ya anunció esta medida durante la firma del FITE 2020 en Calamocha, el pasado 10 de diciembre, reconociendo que el funcionamiento de la administración pública es “farragoso” y con “demasiados controles”. “Es algo compartido por todas las instituciones. Tienen demasiados estadios en la toma de decisiones y está suponiendo un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica”, destacó Lambán.
Este proyecto de ley recoge contempla varias líneas de actuación, como el silencio positivo como norma general, salvo que se vea contradicha por otra norma europea, estatal o por razones imperiosas de interés general, así como la revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses. De igual manera, recoge la mayor integración administrativa con el tejido social y económico y con las entidades colaboradoras de certificación, que podrán ser los colegios profesionales, y la eliminación de trámites innecesarios con reducciones significativas de los plazos. En concreto, esta ley reducirá entre un 33% y un 50% el tiempo de tramitación de subvenciones.
Asimismo, se potenciará la declaración responsable o comunicación previa de reglas generales, salvo que exista alguna normativa europea, estatal o razón imperiosa de interés general que digan lo contrario. También se institucionaliza la simplificación administrativa como objetivo común a todo el sector público y se regulará la gestión coordinada de procedimientos tanto autonómicos como locales.
El proyecto de ley, aprobado en Consejo de Gobierno, se remitió a las Cortes para su tramitación, siguiendo el procedimiento de lectura única, incorporando las aportaciones de los grupos políticos y las entidades sociales. El objetivo es que pueda debatirse y aprobarse en la Cámara autonómica en el Pleno del 11 y 12 de febrero.
Rechazo de la oposición
Tras escuchar las comparecencias en las Cortes, el PP anunció que “no va a poner palos en las ruedas” a esta nueva ley, pero considera que “será necesario” trabajar “despacio y en profundidad” para mejorarla, ya que “genera numerosas dudas, incertidumbres y lagunas legislativas”. Por ello, no entienden las “prisas” del Ejecutivo y lamentan que se haya tramitado en las Cortes con carácter de urgencia.
La portavoz de Hacienda del Grupo Popular en las Cortes, Carmen Susín, expuso en sede parlamentaria que esta ley “construye un panorama complejo”, que precisará “de un amplio desarrollo normativo a través de reglamentos”, para los que calcula que será necesario “meses y años” para dar cobertura a todas las cuestiones que plantea. “Para que, en vez de simplificar, venga a complicar el cuerpo normativo de la Comunidad, desregulando en cuestiones donde se debe prestar especial atención desde la función inspectora”, ha señalado.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, considera que se trata de una norma “muy naranja” y que “conseguirá mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo” de los funcionarios. Igualmente, califica esta ley de “fundamental” para “lograr un Aragón más competitivo en la era postCovid”.
Quien sí ha confirmado su rechazo es el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, al considerar que el enfoque no es el correcto para ayudar a conseguir los objetivos pretendidos y que, en la búsqueda de regular mejor, “se corre el riesgo de desregular”, por lo que ha pedido una “revisión profunda” del concepto de simplificación. “Tras analizar la ley, consideramos que ni el enfoque que se le da a la simplificación ni el contenido que desarrolla van a conseguir lo que se persigue”, ha asegurado Sanz, lamentando que esta perspectiva “incida en culpabilizar a los mecanismos de control previo, llegando a decir incluso que están basados en la desconfianza o tintados ideológicamente”.
Organizaciones empresariales
Los primeros comparecientes en dar su punto de vista fueron los responsable de las principales organizaciones empresariales de la Comunidad, CEOE y Cepyme. Desde la CEOE, su director general, Jesús Arnau, considera que los principales puntos de esta ley son “fundamentales”, como el silencio positivo, la declaración responsable, o la cooperación con entidades acreditadas y colegios profesionales para reducir la carga administrativa. Aun así, ha echado en falta “una mayor implicación” de las administraciones locales, una comisión de simplificación administrativa y una mayor agilidad en la gestión medioambiental.
Por su parte, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, ha pedido “generosidad” a los grupos parlamentarios para que sus concreciones políticas “no obstruyan” el desarrollo de una norma que define como “muy necesaria” para acabar con “la angustia” de los empresarios cada vez que tienen que afrontar un trámite. Además, ha advertido de que, en todo caso, la nueva ley “no servirá de nada” si “no se actúa sobre la estructura funcionarial”, para la que ha propuesto incorporar los conceptos de “premio y sanción” de la empresa privada ante la existencia a su juicio de una parte de funcionarios “que no están por la labor de ayudar”.
Sindicatos
Asimismo, los dos sindicatos mayoritarios en la Comunidad, CCOO y UGT, han celebrado el propósito general de reducir la carga de trámites administrativos, señalando como aspecto clave el compromiso y colaboración de los funcionarios públicos, al mismo tiempo que han apuntado una serie de aspectos a mejorar. Así lo remarcó el secretario general de UGT, Daniel Alastuey, al afirmar que la ley llega en un momento “oportuno” ante las carencias del aparato administrativo y su “muy bajo” nivel de digitalización, pero ha advertido que no será el “bálsamo de fierabrás” y requerirá de la “absoluta complicidad” de los empleados públicos y las organizaciones sindicales.
Una línea similar ha seguido el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, quien se ha mostrado de acuerdo en mejorar la relación con la Administración mediante un proceso de digitalización que, a su juicio, requerirá “mucha formación” dirigida a los empleados públicos y los ciudadanos para “no abrir nuevas brechas”, y ha reclamado que la simplificación garantice la legalidad y la seguridad en cuestiones como los datos, las declaraciones responsables y el silencio administrativo.
Tejido social
Igualmente, las Cortes también recogieron el testimonio de importantes figuras del tejido empresarial aragonés. El presidente Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Luis Zubieta, ha destacado “la especial implicación” de su organización en el impulso de este proyecto y por ello ha reclamado que la futura ley no excluya, como sí hace ahora, a las administraciones locales del régimen general del silencio administrativo positivo y que se adapten los textos legales referidos a los montes y las vías pecuarias.
Más oposición mostraron los representantes de Ecologistas en Acción, quienes han mostrado su “perplejidad” por la “amplitud de la reforma” de esta ley, que “se hace sin información pública e invoca a lo excepcional”, pero “anuncia que sus cambios serán permanentes”. Por ello, uno de sus miembros, Paco Iturbe, ha reclamado “una reflexión” ante peligros como la obstaculización del control de lo público y la imposibilidad de reparar los daños ocasionados al medio ambiente. Junto a éste, su compañero Jesús Maestro ha criticado que la agilización administrativa se haga a costa de dificultar todavía más la labor de inspección, no exigir la acreditación de la imparcialidad, convertir el silencio administrativo “en un coladero” y limitar el plazo para la presentación de informes en cuestiones de medio ambiente.
Por parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Lucio de la Cruz ha brindado su respaldo al proyecto de ley con una serie de “matices” para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como la necesidad de entregar la documentación en el momento de la solicitud en la declaración responsable, así como reforzar los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas cuando actúen como entidades colaboradoras de certificación.
Otros sectores
Las organizaciones agrícolas también mostraron su satisfacción por una reforma que “siempre es bienvenida”. Desde Asaja Aragón, Ángel Samper ha apuntado que el éxito de la reforma necesita de la colaboración de los empleados públicos y de una redacción “clara y concisa” de las normas que no deje margen para la interpretación subjetiva, casi siempre contraria al administrado. Mientras, José Manuel Roche, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ha solicitado que la digitalización tenga en cuenta las “peculiaridades” del sector agrario y del medio rural para no aumentar la brecha ya existente.
El punto de vista de los trabajadores por cuenta propia lo han trasladado representantes de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA Aragón) y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón (ATA Aragón). Desde la primera entidad, Álvaro Bajén ha criticado la derogación del registro de autónomos y del fondo de globalización que conlleva esta ley y ha alertado del peligro de que la digitalización genere “sociedades frías”. Por su parte, Maite Mazuelas, de ATA, ha pedido “celeridad” a los grupos para aprobar una ley que permita una Administración “más ágil, accesible y colaborativa, una Administración amiga”.
También ha fijado su posición El Justicia de Aragón mediante la intervención de su lugarteniente, Javier Hernández, quien ha estimado que “con medios y voluntad, la norma actual sería suficiente”, por lo que ha advertido que la reducción de plazos y la simplificación administrativa “de poco servirán si se producen dilaciones indebidas”.
