Patronal y sindicatos votan esta semana la prórroga de los ERTE

El planteamiento del Gobierno es en esencia prorrogar el modelo vigente de ERTE

Los órganos directivos de las organizaciones empresariales y sindicales decidirán esta semana si dan el visto bueno a la última propuesta del Gobierno para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 31 de enero.

Las ejecutivas de CCOO y de UGT y las directivas de CEOE y Cepyme se reunirán esta semana para votar la última propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE, que puede incluir algunos cambios fruto de la negociación.

CEOE tiene prevista una reunión de sus órganos de gobierno el martes, al igual que CCOO, mientras que UGT aún debe fijarla, según dijeron a Servimedia fuentes de las organizaciones. Cabe recordar que el martes se celebra el Consejo de Ministros.

El Gobierno presentó un nuevo documento en la reunión del pasado jueves en torno al que se negocia. La lista de actividades consideradas particularmente afectadas por el Covid-19 y sujetas a exoneraciones de cotización cercanas al 100% podría incluir algunas más. Además, se reducirían las trabas burocráticas para pasar de un tipo de ERTE a otro, lo que se había exigido por parte de todos los agentes sociales, y se daría un impulso a la formación de los trabajadores suspendidos.

El planteamiento del Gobierno es en esencia prorrogar el modelo vigente de ERTE, que incluye expedientes por limitación de la actividad, por impedimento y para actividades particularmente afectadas y las empresas de su cadena de valor, además de los ERTE de fuerza mayor. Se mantendría la cuantía de la prestación asociada al ERTE y las garantías del empleo que obligan a mantener los puestos de trabajo de los trabajadores suspendidos durante seis meses y no justifican el despido por causa Covid.

Desde la parte empresarial se busca revisar la interpretación que se le da a esas obligaciones con el empleo de los ERTE, de manera que si se incumplen al despedir a un trabajador afectado se devuelvan las cotizaciones exoneradas correspondientes a esa persona y no a toda la plantilla.

Desde la parte sindical se ha mostrado rechazo a este punto y desde el Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño afirmó el pasado viernes que “nadie duda” de que los recursos públicos que suponen los ERTE “no pueden, en última instancia, servir para abordar los procesos de despido más adelante”.

Los actuales ERTE están vigentes hasta el 31 de enero y todas las partes coinciden en alargarlos hasta el 31 de mayo, unas semanas más allá del estado de alarma, que termina el 9 de mayo.

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