Las Cortes de Aragón mantendrán un debate sobre la ampliación de la duración de los conciertos educativos. El partido Vox en Aragón ha registrado la iniciativa para “aumentar los conciertos vigentes en todos los niveles de la educación para garantizar su continuidad, al menos, hasta el año 2027”.
En su propuesta, VOX señala que dicha ampliación sería a instancias del propio centro educativo. Y sin que la eventual aprobación de la nueva Ley Celaá pueda expoliar los derechos concedidos.
Derecho a la educación
El derecho a la educación recogido en la Constitución española, explican desde la formación, tiene una doble “dimensión” o “contenido”, como derecho y como prestación.
Como derecho de libertad se identifica con “la libertad de enseñanza” que se concreta por tres vías. En primer lugar, el derecho a crear instituciones educativas. Por otro lado, sostienen que existe el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos. Por último se encontraría el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad.
En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho. Al servicio de tal acción prestacional se hallan las “ayudas públicas a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca”.
Sobre los poderes públicos pesaría, en efecto, el “deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental” a la educación. Es decir, “el pluralismo educativo”.
Ley de Educación
El pasado 19 de noviembre se aprobó por el Congreso “con el voto favorable de partidos socialistas, comunistas y separatistas” un proyecto de reforma de la Ley de Educación que ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados.
Un proyecto de Ley que constituye así “el mayor recorte de derechos educativos de la democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos”. “Persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza”, aseveran.
Por este motivo, “las Cortes de Aragón no pueden permanecer ajenas”. Deben manifestar “su apuesta por la libertad ideológica”. “La libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales”, declaran.
Mantienen que son las Comunidades Autónomas a quienes corresponde dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos. Y establecer su duración y prórroga. Todo ello para “garantizar los derechos de los padres y alumnos”. Y también “la efectividad del derecho a la educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros concertados”, sentencian desde la formación.
