El PAR pide en el Senado que los valles aragoneses se declaren “zonas afectadas gravemente”

El senador del PAR recuerda que la nieve genera 30.000 puestos de trabajo en Aragón

El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, ha registrado en la Cámara Alta una moción para que sean declaradas como “zona afectada gravemente” los valles aragoneses con estaciones de esquí, seriamente perjudicados por la paralización productiva y social causada por la crisis sanitaria del Covid-19 y las restricciones impuestas desde Sanidad.

Sánchez-Garnica recuerda que el sector de la nieve genera en Aragón un empleo directo e indirecto de 30.000 personas. “Los cuatro centros turísticos de montaña de la región, que acogen las estaciones invernales de Candachú-Astún, Formigal-Panticosa, Cerler y Valdelinares-Javalambre, significan el 30% del turismo regional por motivos recreativos”, señala el senador.

La oferta hotelera de los valles con estaciones de esquí ofrece más de 45.000 camas y buena parte del tejido empresarial de las comarcas de esquí depende directamente del trabajo generado en tres meses por el turismo de nieve. “El sector turístico aragonés”, concluye, “representa casi el 9% del PIB, mientras que el producto de la nieve alcanza el 66% del PIB en los valles con estaciones de esquí”.

El cierre de las estaciones de esquí por las medidas para atajar la pandemia, que impiden la movilidad de las personas que viven en Aragón y territorios colindantes, ha producido graves consecuencias económicas que necesitan de una respuesta urgente según el PAR.

Por ello, Clemente Sánchez-Garnica ha presentado una moción que insta al Gobierno de España a iniciar el procedimiento de zona afectada gravemente por emergencia de los valles aragoneses con estaciones de esquí y a impulsar medidas. Por ejemplo ayudas económicas a fondo perdido para empresas y autónomos; ayudas directas a empresas de estaciones de esquí por el lucro cesante; apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, y un paquete de medidas fiscales, que afectarían al IBI, al IAE, a los tributos locales en los ayuntamientos; por último, moratoria en el pago a la Seguridad Social de empresas y trabajadores afectados.

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