Zaragoza en Común ha denunciado este miércoles la precaria situación a la que se enfrentan los trabajadores de la Casa Amparo. El contrato del personal del centro residencial expiró hace tan solo unos días y se ha tenido que poner en marcha una externalización de emergencia para asegurar el servicio durante los días de Navidad. La concejala de ZeC, Luisa Broto, lamenta la “falta de previsión” del equipo de Gobierno y subraya la “poca sensibilidad” con esta serie de servicios esenciales.
En apenas tres días, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que licitar un contrato de emergencia para aquellas empresas que quieran llevar a cabo el refuerzo de dotación de personal en la Casa Amparo. El contrato actual de los trabajadores expiró este mes de diciembre y muchos de ellos han expresado sus quejas ante la situación laboral y dificultad para cubrir los turnos necesarios.
Del 1 de julio de 2019 al 31 de octubre de 2020, la ciudad de Zaragoza ha perdido 34 plazas en labores de acción social y familia. El equipo de Gobierno contará en las próximas fechas con remanentes entre 10 y 15 millones de euros destinados a contratar personal. Desde Zec, alzan la voz para señalar que la situación de la Casa Amparo deriva de nuevo en una asignación externalizada abriendo así una vía a la “privatización de un servicio esencial”, mientras tienen disponibilidad para contratar profesionales formados y generar empleo.
Esta no es la primera vez que esta situación se da en la Casa Amparo. A lo largo de la última década, la Plataforma de trabajadores de las contratas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han criticado la merma de personal en la tercera planta, donde residen los grandes dependientes, y el deterioro de las instalaciones. “Nos preocupa que esto sea una puerta abierta a la privatización de un servicio esencial, buque insignia y referencia en atención a las personas mayores de nuestra ciudad”, ha concluido Broto.
