Los afectados por la ocupación ilegal tendrán un servicio de asistencia jurídica gratuita

El convenio proporcionará asistencia jurídica gratuita tanto a particulares como a comunidades de propietarios

Un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados prestará asesoramiento y orientación a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal en la capital aragonesa a partir del próximo 1 de enero de 2021.

El convenio, que tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse durante dos años más, contará con una dotación presupuestaria de 20.000 euros que podrá revisarse en función de las necesidades del servicio. De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza ayudarán a quienes sufran la privación de la posesión mediata o inmediata de su legítimo bien llevada a cabo sorpresivamente por terceras personas u organizaciones de cualquier índole no autorizadas o legitimadas. Para ello, se contempla la creación de un turno especializado de abogados en ejercicio que permitirá asistir con urgencia a los afectados para encaminarlos adecuadamente a una solución efectiva del problema.

El servicio se prestará telefónicamente por la mañana y por la tarde, a través del número 650 662 430, donde los usuarios serán atendidos por el letrado designado para cada día. Sin embargo, también estará en funcionamiento un correo electrónico disponible las 24 horas, consultasocupacionilegal@reicaz.es.

Además, el Colegio de Abogados de Zaragoza elaborará una guía informativa para su difusión que establecerá un protocolo de actuación en caso de padecerla. Eso sí, la intervención profesional de los letrados se limitará a la orientación y asesoramiento, nunca a la interposición o seguimiento de cualquier procedimiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados han acordado que, cuando los letrados observen situaciones de vulnerabilidad y necesidad acuciante en las personas que se encontrasen ocupando los inmuebles, dispondrán de los datos de los Servicios Sociales a los que resulta posible acceder para propiciar alternativas habitacionales, remitiéndose esos casos a los servicios públicos competentes en materia de política social.

El convenio garantizará la protección de datos de los usuarios del servicio y pretende también avanzar en el diagnóstico sobre la incidencia real de la ocupación ilegal de tal forma que, trimestralmente, se analizarán las situaciones sometidas a asesoramiento en razón a viviendas, locales, edificios enteros, u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina. Ese análisis se proyectará sobre los distritos y barrios de la ciudad
con el objetivo de promover actuaciones que puedan ayudar a solucionar los conflictos sociales.

Para realizar el seguimiento y control del convenio se creará una comisión paritaria que se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

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