La DGA da los primeros pasos para aprobar una ley que simplifique los trámites administrativos

La consejera Mayte Pérez ha informado de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno

El Ejecutivo aragonés ha presentado en el Consejo de Gobierno de este miércoles el proyecto de ley sobre simplificación administrativa, que minimizará las cargas administrativas innecesarias, favorecerá las declaraciones responsables y revisará los efectos del silencio administrativo, de manera que se agilicen los trámites en sus vertientes regulatoria, organizativa y procedimental. Según la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, esta ley “atiende la demanda social y empresarial de simplificar y agilizar la acción y el funcionamiento de la administración pública pactado en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica”, y el Gobierno apuesta así de forma decidida e innovadora por la simplificación administrativa”.

Este proyecto de ley recoge contempla varias líneas de actuación, como el silencio positivo como norma general, salvo que se vea contradicha por otra norma europea, estatal o por razones imperiosas de interés general, así como la revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses. De igual manera, recoge la mayor integración administrativa con el tejido social y económico y con las entidades colaboradoras de certificación, que podrán ser los colegios profesionales, y la eliminación de trámites innecesarios con reducciones significativas de los plazos. En palabras de la consejera, esta ley reducirá entre un 33% y un 50% el tiempo de tramitación de subvenciones.

Asimismo, se potenciará la declaración responsable o comunicación previa de reglas generales, salvo que exista alguna normativa europea, estatal o razón imperiosa de interés general que digan lo contrario. En este sentido, Pérez ha hecho referencia al importante avance que supone este concepto, anunciando también que vendrá unido a la incorporación de un régimen sancionador por si hubiera falsedades. También se institucionaliza la simplificación administrativa como objetivo común a todo el sector público y se regulará la gestión coordinada de procedimientos tanto autonómicos como locales.

Se incluye además la elaboración de un Plan de Simplificación Normativa de forma simultánea a la aprobación del Plan de Gobierno en el primer año de cada Legislatura e impulsado por el Departamento competente en materia de calidad normativa. “Este proyecto apuesta por avanzar, por implantar las reformas apuntadas de manera efectiva, real, mediante un proceso reflexivo que implica a todos y cada uno de los departamentos y organismos públicos de la Comunidad que deberá culminarse en seis meses”, ha explicado la consejera.

El proyecto de ley se remite ahora a las Cortes para su tramitación, que se realizará siguiendo el procedimiento de lectura única, incorporando las aportaciones de los grupos políticos y las entidades sociales. “Pedimos la máxima celeridad, este proyecto entra dentro de la Estrategia Aragonesa de Recuperación y todos los grupos a excepción de Vox estamos comprometidos con ello”, ha señalado Mayte Pérez, asegurando que esta ley “será un hito del que podremos estar orgullosos, porque es vital”.

En palabras de la consejera, este cambio ha venido motivado por la pandemia y “no se trata de hacer menos controles, sino de hacer que sean mejores”. “Es poner al servicio de la ciudadanía una Administración más ágil, situando a los empleados públicos como su mayor activo, y cambiar la manera en la que se relaciona con el administrado. Es algo que se nos venía demandando y no se trata de quitar lo que ya hay, sino de mejorar lo que tenemos”, ha apuntado.

La nueva ley se ha elaborado de acuerdo con los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en primer lugar, el de necesidad, promoviendo el desarrollo y agilización de las actuaciones financiables con determinados fondos europeos incluidas en el Plan estatal de recuperación, transformación y resiliencia y en la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, instrumentos ambos creados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

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