Los salones de juego de Aragón piden recibir el mismo trato que los juegos de azar públicos o semipúblicos. Comparan el gasto que se realiza en las apuestas deportivas, unos diez euros de media al año por persona y el realizado en la lotería de Navidad, unos 40 euros de media por aragonés para un sorteo de un solo día.
AESA, a través de las palabras de su vicepresidente, Jesús Tremosa, considera que el sector privado de juego tiene “todas las restricciones y prohibiciones posibles” y que existe una mayor “prevalencia” en los juegos públicos o semipúblicos como la ONCE que no tienen “publicidad ni prohibiciones”. La Asociación ha preparado un informe en el que han tratado, según defienden, de desmontar los datos “totalmente falsos” sobre el juego que “hacen daño al sector y a las más de 1.000 personas que emplean”. Defienden que generan un impacto económico de 517 millones de euros al año y denuncian que por cada 100 euros que ganan 41 van directos a impuestos.
Como consecuencia de la pandemia, se han cerrado en la Comunidad seis salones de juego, a los que se suman los diez establecimientos cerrados en la última década que supone, según ha defendido el presidente de AESA, José Antonio Rubio, “una pérdida de 200 empleos aproximadamente en Aragón”. Con esto han querido exponer que Aragón y Canarias son las únicas comunidades donde han disminuido los locales de juego.
La Asociación ha querido también mostrar que “no hay evidencia estadística que la ubicación de los salones de juego sea por renta” y que los establecimientos no se ubiquen en barrios populares. Han puesto de ejemplo a Zaragoza, en la que, según AESA, la zona con más salones de juego coincide con la de mayor renta. Sobre los problemas de adicción, han defendido que España es uno de los países del mundo con menor incidencia del juego problemático y que solo afecta, según AESA, “al 0,25% de la población”. Alegan que “solo el 20%” de los ludópatas tienen solo esta adicción y que el resto tienen “más adicciones o desórdenes de comportamiento”.
AESA ha denunciado que el sector está sometido a “una fuerte supervisión” y que reciben de media unas diez inspecciones anuales. También que los datos presentados por el Justicia de Aragón demuestran que la incidencia del juego en menores es muy baja y que las infracciones en menores fueron “cinco en 2017, cinco en 2018 y ningún caso en 2019”.
