La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con presunta implicación en hasta 265 delitos de estafa, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales. Ha sido en el marco de la operación Hontecilla, en la que se ha comprobado la realización de este tipo de delitos en diferentes provincias españolas, entre ellas Zaragoza y Huesca. Hay seis detenidos de nacionalidad moldava.
En los registros efectuados por los agentes en diferentes ciudades se obtuvo una gran cantidad de documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de cryptomonedas, tarjetas de crédito/débito falsas (la mayoría de ellas de las denominadas black, esto es sin límite de gasto o con un límite muy elevado), instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.
La organización aprovechaba el estado de necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del Covid-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias.
Esclarecidas también estafas con otros bienes
Además de los 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario, los agentes también han conseguido esclarecer más de 80 estafas en la compra de móviles, patinetes eléctricos o relojes. Todos ellos cometidos en provincias como, además de Zaragoza y Huesca, Murcia, Guadalajara, Valencia, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén o Huelva.
También se vincula a esta red la realización de hasta 17 delitos de amenazas y extorsiones, blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental. Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros.
Denuncia presentada por un ayuntamiento
El pasado abril la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara en la que tras realizar una compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP 1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.
Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores de los hechos, llegando a la conclusión de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.
Esta organización criminal estaba altamente especializada y estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de “blanquearlo”, operando desde el año 2019 y utilizando como “base de operaciones” las provincias de Tarragona y Barcelona.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, la misma continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.
