El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón conocerá antes de que finalice esta semana cuántos mayores en residenciales han mostrado su disposición a vacunarse de coronavirus. Será cuando la Administración reciba los datos de todos estos centros, tanto públicos y privados, a los que también ha pedido que comiencen a solicitar consentimientos firmados.
En total, Aragón cuenta con unos 22.000 usuarios de residencias, en las que también trabajan cerca de 8.000 empleados. Como población más vulnerable y personal esencial, serán ellos los primeros en comenzar a recibir las vacunas contra el virus a partir del comienzo del próximo año, y el consentimiento es el paso previo para planificar la campaña.
Una vez conocidas cuántas de estas personas están dispuestas a ser inmunizadas con la vacuna, desde Ciudadanía y Derechos Sociales se ha defendido que la Comunidad estaría en disposición de “adelantar” el comienzo de la vacunación si la logística lo permitiera. Así lo ha defendido el secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, quien ha defendido que la vacunación será “homogénea”, sin distinguir entre centros públicos y privados o ámbito geográfico.
Por su parte, la propia consejera del ramo, María Victoria Broto, ha mostrado su satisfacción por que la campaña de vacunación comience por los mayores usuarios en centros residenciales. Unos lugares, ha dicho, especialmente vulnerables por su propia estructura y tipo de usuarios presentes en ellos.
