El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles el convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Administración General del Estado para el Fondo de Inversiones de Teruel 2020, financiado con 60 millones de euros a partes iguales por los dos entes. El convenio vuelve a incorporar la plurianualidad que recuperó el FITE de 2019, y que posibilita que los proyectos incluidos en el actual Fondo puedan ejecutarse durante el periodo 2020-2023.
El documento incluye la aportación adicional por parte de la Comunidad Autónoma de 16 millones de euros por inejecuciones de acuerdos pasados, a lo que hay que sumar los 11,3 millones de euros que contemplaba el FITE 2019 para la presente anualidad. Hay que recordar que, según certificó en 2019 la Intervención General del Gobierno de Aragón, el importe no ejecutado en los convenios correspondientes a las anualidades de 2013 a 2016 asciende a 39.972.360,93 euros.
La consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, ha recordado que el acuerdo se rubricará este mismo jueves en Calamocha con “su formalización por ambas partes” y que supone “una mejora cuantitativa de primer nivel que permite la ejecución de todas las partidas vinculadas a proyectos estratégicos de naturaleza acorde al FITE”.
En concreto, Pérez ha matizado que se ejecutarán simultáneamente los FITE de 2018, cuyo plazo de ejecución acaba el 31 marzo de 2021; el de 2019, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022; y el presente de 2020. En total, suma un montante “superior a los 200 millones de euros para la creación de empleo y generación de oportunidades en la provincia de Teruel”.
De acuerdo con el clausulado de la propuesta de Convenio de Colaboración, se financiarán proyectos de inversión enmarcados en diversas líneas de actuación. Por ejemplo, el apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, que tengan como finalidad mejorar la conectividad de la provincia de Teruel y su integración en las redes de transporte intraautonómicas e interautonómicas. También el apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico, con pleno respeto a la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado. O a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas.
Otras líneas a seguir pasan por apoyar la realización de inversiones que tengan como finalidad la protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales; la realización de iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad de la información en el ámbito de la provincia; inversiones necesarias para desarrollar la cohesión social, en especial en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, y para incrementar el bienestar social de sus habitantes.
Por último, contempla el apoyo al fomento de iniciativas culturales, en especial destinadas a la rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural; a la realización de inversiones que tengan como finalidad la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos; o al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos.
La relación de los proyectos de inversión financiados con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel será efectuada de común acuerdo entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, y se formalizará por Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio.
El periodo de ejecución de los proyectos podrá ser anual o plurianual, conforme a la previsión que de cada uno de ellos se realice por la Comisión de Seguimiento. El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros para asegurar que produzca un impacto real sobre el territorio.
La Comunidad Autónoma de Aragón no es beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial –previsto para garantizar el principio de solidaridad que reconoce la Constitución española– debido a su nivel de renta. En este contexto, el objetivo del Fondo de Inversiones de Teruel es fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y corregir los desequilibrios estructurales territoriales identificados. Esta línea de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón se mantiene desde 1992 a través de los sucesivos convenios.
