La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Treta”, ha realizado 17 entradas y registros en las provincias de Alicante, Guipúzcoa, Madrid, Ciudad Real, Barcelona, Granada, Zaragoza y Murcia. Como resultado, han sido detenidas nueve personas y se ha investigado a otras seis más por los presuntos delitos de tráfico de armas, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones, falsedad en documento público, usurpación de funciones y contra la salud pública.
La operación se inició a mediados del pasado año cuando se detectó que un individuo de nacionalidad rumana, residente en la provincia de Alicante, podría estar traficando con armas, las cuales adquiría en extranjero y posteriormente vendía en España a través de Internet y de aplicaciones de mensajería instantánea encriptada. La investigación reveló que este individuo venía dedicándose a esta actividad ilegal desde hacía varios años, encontrándose investigado por hechos similares en su país.
Continuando con las investigaciones, ha permitido desarticular una estructura criminal organizada que introducía en España armas detonadoras fácilmente convertibles en armas de fuego reales, adquiridas en países del Este de Europa, para posteriormente manipularlas en un taller clandestino ubicado en la provincia de Alicante, donde las modificaban para hacerlas aptas para disparar munición con proyectil y hacer fuego real, siendo finalmente distribuidas a compradores por todo el territorio nacional.
Muchos de estos compradores pertenecen al entorno de la delincuencia común, con antecedentes por hechos delictivos violentos, por lo que con la intervención de dichas armas se ha podido evitar la comisión de otros delitos violentos.
En los diecisiete registros domiciliarios realizados en las provincias citadas, se ha procedido a la incautación de efectos como 26 armas cortas, diez armas largas, casi 10.000 cartuchos de diferentes calibres, más de 20.000 euros en metálico o más de 40 kilos de marihuana.
Uno de los detenidos, tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión provisional por orden de la Autoridad Judicial, dictándose una orden internacional de detención OIDE para otro de los principales investigados en la operación, actualmente fuera de España.
Esta operación ha sido desarrollada por la Sección de Información de la Zona de Valencia y coordinada por la Jefatura de Información (UCE3), con el apoyo de la Sección de Información de Cataluña, así como de los Grupos de Información de las Comandancias de Madrid, Alicante, Ciudad Real, Guipúzcoa, Granada y Murcia. En el desarrollo de la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios Policiales de Rumania y de los Estados Unidos (HSI).
