Un exconcejal de Urbanismo de Cadrete, al banquillo este lunes por presunta prevaricación por la compra de vallas

El acusado ejercía como cargo público en el momento que sucedieron los hechos

Un exconcejal de Urbanismo de Cadrete (Zaragoza) se sienta en el banquillo este lunes y martes como presunto autor de un delito de prevaricación por la compra de vallas para el municipio. La acusación, ejercida por el actual concejal que en la oposición alertó de las supuestas irregularidades, pide para el acusado seis años de prisión y 15 de inhabilitación. La Fiscalía, en cambio, no ve indicios de delito y pide para el exconcejal el sobreseimiento provisional.

La acusación particular, ejercida por la abogada Sonia Calvete e interpuesta, a título particular por Alberto M.A. actual concejal de Participación Ciudadana de Cadrete, considera que el exconcejal J.G.U. cometió un delito de prevaricación con la compra de vallas para el municipio en los años 2015 y 2016, cuando ejercía de cargo público.

El delito aparece, según la acusación, cuando J.G.U contrató con la empresa Masena S.L. el suministro de vallas por 21.080,05 euros en 2015 y de 32.030,54 euros en el 2016. Un gasto total, según la acusación, de 53.110,59 euros. Este dato último, acusan que supera el límite que establece la ley -importes superiores a 18.000 euros- para sacar un gasto a concurso público. La acusación considera que la contratación “no se realizó por el cauce procedimental adecuado”.

En 2017, cuando el entonces concejal de la oposición Alberto M.A. -y actual acusación- alertó de que podía haber “una irregularidad”, afirmó que el acusado dejó de adquirir las mismas. Defienden que su modus operandi consistía en eludir el límite legal adquiriendo vallas por importes de 2.000 euros cada factura, incluso que “en una misma fecha se adquirieron tres facturas por el mismo importe”. Es decir, la acusación afirma que el exconcejal “troceaba” los pagos para darle forma legal. Por esto, la acusación pide para el exconcejal 15 años de inhabilitación y seis años de prisión. Además del pago de 20.00 euros al Ayuntamiento de Cadrete.

La defensa del exconcejal afirma que el acusado no adquirió vallas con la empresa Masena S.L. ni que la compra superase el límite cuantitativo fijado por la norma, por lo que piden para el la absolución de todo cargo.

La Fiscalía pide para el exconcejal de Urbanismo el sobreseimiento provisional al no considerar “acreditado que realizara las compras a sabiendas de la injusticia” y que la advertencia de la acusación en ese momento, realizada en 2017, se refiere a “una infracción de una norma interna que obliga a que el pleno del Ayuntamiento tiene que permitir que se saquen a concurso público las compras superiores a 2.000 euros”. La Fiscalía también añade que la compra realizada correspondía a dos tipos de vallas y que “no se podían juntar todas las compras”.

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