El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este viernes ante el Pleno de las Cortes que su Ejecutivo presentará antes de que finalice el año un Proyecto de Ley con el que espera reducir el exceso de burocracia para empresas. El objetivo, que Aragón no pierda “ni una inversión” mientras encara la recuperación económica gracias a lo que el presidente ha definido como “una simplificación administrativa”.
En concreto, la fecha que maneja el Ejecutivo autonómico es la del Consejo de Gobierno del próximo 23 de diciembre. La figura elegida, ha adelantado Lambán, será la de este Proyecto de Ley en lugar de un Decreto, para que pueda ser tramitado antes en las Cortes “con la máxima celeridad posible”. Con todo, y a pesar de la premura, Lambán ha tendido la mano al resto de grupos parlamentarios para confeccionar el documento, que se aprobaría mediante lectura única.
Con el contenido todavía por concretar, Lambán ha adelantado que la normativa tratará de simplificar los trámites a través de la mejora de la coordinación entre órganos administrativos gracias a una centralización de los sistemas. Así, el presidente ha desgranado medidas como la apertura de un proceso para “revisar el silencio” al que se enfrentan durante semanas algunas de las tramitaciones actualmente.
El presidente también ha anunciado “cambios en la ordenación del territorio, urbanismo y medioambiente”, así como otros sustanciales en leyes fiscales o de subvenciones. Todo ello coordinado por un análisis de toda la normativa autonómica en materia económica para detectar duplicidades que puedan ser refundidas en un texto único.
Un trabajo que también ha emprendido el propio Gobierno de España, tal y como ha recordado Lambán, con el que el Ejecutivo autonómico está en contacto para conocer su contenido. “Si no la hemos traído antes es porque estamos esperando esa”, ha defendido.
Si llegara la fecha anunciada por el presidente y la normativa estatal todavía no hubiera visto la luz, Javier Lambán se ha comprometido a presentarla igualmente en los mismos tiempos. Después, una vez conocido el texto del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico todavía podría presentar enmiendas a su propio texto para evitar “contradicciones”.
