Cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición por el pago de deuda a Avanza y FCC

Ros Cihuelo (PSOE) afirma que Navarro miente al asegurar que están en la obligación de pagar la deuda

El Gobierno de Zaragoza acordaba este jueves destinar una cifra cercana a 40 millones de euros procedentes del remanente a revisiones de precios con FCC y Avanza. Algo que ha generado tensión y polémica en una mañana marcada en el Consistorio por el cruce de acusaciones entre la titular de Hacienda, María Navarro, y la oposición, especialmente liderada en esta ocasión por la concejal socialista Ros Cihuelo.

Cihuelo ha acusado a María Navarro de tratarse de una decisión “puramente política” y que se ha realizado “sin negociar” previamente con las grandes contratas. También ha valorado que esta decisión supone “que se acaben las pocas esperanzas de que el Gobierno de Zaragoza fuera capaz de entender la situación de excepcionalidad” debido a la pandemia sanitaria y la crisis económica generada en el sector económico y productivo de la ciudad.

También la concejal socialista ha remarcado que el Gobierno de Zaragoza no está en la obligación de hacer frente a estas deudas, que datan en algún caso de 2014. “No es cierto y lo repetiremos una y mil veces que tengan la obligación, lo dice el interventor en su informe”, ha lamentado la concejal, cuestionando “por qué no negocian dar una parte de esa revisión de precios ahora y el resto del dinero dedicarlo a ayudar al sector económico de la ciudad”.

Minutos más tarde, Navarro ha comparecido aseverando que “que salga la portavoz de Hacienda del PSOE poniendo en duda una interpretación del propio Ministerio” le parece “la mayor insensatez” que ha escuchado “en sala de prensa”. En este sentido ha insistido en pedirle “sensatez y responsabilidad porque no se puede jugar a hacer política sobre titulares imposibles”.

María Navarro también ha lanzado una pregunta al aire: “¿Creen que a este Ayuntamiento que gobierna la quinta ciudad de España, en la mayor pandemia de la democracia, no le hubiese encantado dar 40 millones de euros a sectores como los taxistas, hostelería, concesionarios de la ciudad o al comercio?”, ha comenzado, insistiendo en que “si este Ayuntamiento se hubiese gestionado bien los últimos años, ojalá hubiésemos podido dar 59”.

Zec también rechaza el pago completo de la deuda

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, también ha mostrado entre medias su absoluto rechazo a la decisión tomada por el Gobierno de Zaragoza. De hecho, lo ha calificado como “una absoluta irresponsabilidad” y ha negado que estén ante “la obligación” de hacer frente ahora a la totalidad de esa deuda.

“Estamos viviendo paro, desahucios, comercios afectados, negocios como la hostelería, taxi, cultura, autónomos, pymes”, ha enumerado Cubero, quien ha recordado que ZeC propuso dedicar el remanente a ayudas directas y que “es una propuesta posible porque la señora Navarro miente”.

En este sentido, ha afirmado que “no están obligados a destinar estos 37,9 millones de euros a grandes empresas” y que el expediente dice que este remanente de tesorería “puede ser destinado a cualquier tipo de gasto una vez suspendidas las reglas fiscales del año 2020”.

Vox entiende la decisión

También ha comparecido el grupo municipal de Vox, encabezado por Julio Calvo y Carmen Rouco. Calvo ha recordado que “los informes que se han recibido tanto de intervención como las consultas formuladas son suficientemente significativos en el cumplimiento estricto”. En este sentido, han explicado que “la norma establece claramente las prioridades de gasto de remanentes de tesorería”.

Algo que consideran es “independiente a que el Gobierno de la nación dijera que sí se pueden destinar a gasto social”. Porque para Vox, las prioridades pasan por “amortización de deuda, pago de deudas pendientes y, una vez cubiertas estas prioridades de gasto establecidas en la Ley, sí se pueden destinar a otros usos”.

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