Colectivos educativos de Aragón culpan a la Ley Celaá de "vulnerar la Constitución"

La agrupación de colectivos también cree que esta ley se ha elaborado sin ningún consenso
photo_camera La agrupación de colectivos también cree que esta ley se ha elaborado sin ningún consenso

La plataforma Más Plurales, en la que se encuentran englobados varios colectivos del sector de la educación en Aragón, ha acusado a la nueva Ley Celaá de “vulnerar derechos reconocidos en la Constitución y atentar contra la pluralidad educativa, reduciendo el modelo de la enseñanza concertada y de educación especial”. Además, critican que “esta ley, tramitada sin consenso, rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación”.

“La Lomloe se está debatiendo en el Parlamento en plena pandemia de la Covid-19, cuando no es el momento para una nueva Ley que afecta a toda la sociedad. La comunidad educativa está ahora en lo que tiene que estar, que es intentar paliar los efectos negativos de esta pandemia a todos los niveles, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento”, ha manifestado la plataforma.

De igual manera, consideran que “se ha sustraído a la comunidad educativa del sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley, solicitando por ello, la consecución de un acto educativo que aúne a toda la comunidad educativa”. Para la plataforma, esta Ley “elimina la demanda social y permite a la Administración distribuir a los alumnos por centros, reduciendo significativamente la elección educativa de las familias, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Se inventa un derecho a la educación pública cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución, convirtiendo la enseñanza concertada en subsidiaria de la enseñanza pública”, han defendido, considerando que “acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades de la ciudadanía.

“El objetivo fundamental de la Ley Celaá es restringir la libertad de las familias, que queda en un segundo plano, convirtiendo a la Administración en actor principal en la asignación de los alumnos en los centros que esta determine”, han sentenciado, recordando que la plataforma lleva recogidas más de un millón de firmas para rechazar esta Ley.