La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) apoya la iniciativa que la Cámara de Comercio de Zaragoza presentó, hace unos días, para frenar la ocupación ilegal de inmuebles.
Tal y como explicaba la Cámara de Comercio, la propuesta consiste en un procedimiento administrativo impulsado por un notario, en su condición de funcionario público, que podría ser una herramienta “rápida”, “eficaz” y “con pleno rigor jurídico” si se produce la ocupación de un inmueble. Se trataría de una solución complementaria a las que recoge la ley en este momento, tanto por la vía civil como la penal, pensada para ofrecer protección inmediata a la propiedad ante estos casos.
“Para ADEA, el respeto a la propiedad privada debe ser algo fundamental en el ordenamiento jurídico de España”, ha afirmado el presidente de la Asociación, Salvador Arenere, quien ha trasladado la “gran preocupación que existe entre los directivos ante esta circunstancia, pues condiciona las decisiones de las empresas para invertir en nuestro país”. “Es fundamental que exista seguridad jurídica en nuestro país para poder captar inversiones que claramente puedan contribuir a la recuperación económica y creación de empleo”, ha concluido Arenere.
