La Cámara de Cuentas refleja la armonización de las condiciones laborales de los empleados de Sarga

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La institución ha detectado varias irregularidades en el ejercicio entre 2012 y 2016

El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha presentado este lunes el informe de fiscalización de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental) correspondiente al ejercicio de 2012 a 2016. En el documento se refleja la falta de homogeneización de los contratos de los trabajadores con condiciones laborales iguales, una irregularidad que, según ha avanzado Peña, se encuentra solucionada gracias a la creación de un convenio colectivo en 2017.

Este desajuste se debe a que Sarga es fruto de la fusión en 2012 de Sirasa (Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa) y Sodemasa (Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Aragón). Por ello, había trabajadores cuyas condiciones laborales estaban reguladas por el convenio de Sirasa y otros por el de Sodemasa, dependiendo de la empresa de la que formaban parte inicialmente, pero la creación de un convenio armonizado para todos solventó este problema. La falta de una correcta relación de puestos de trabajo es otro de los males principales, solucionado en 2018. “En la Cámara de Cuentas, tenemos constancia de que algunas de estas irregularidades están corregidas o en proceso de estarlo” ha avanzado Peña.

Según ha avanzado Peña, el presupuesto en los cinco años que comprenden el ejercicio rondó los 300 millones de euros, de los que aproximadamente 141 se destinaron a compras y contratos públicos y 29 a los sueldos y salarios de la compañía. Respecto a estos contratos, la Cámara de Cuentas también detectó “un volumen importante” de gastos irregulares, fruto de la no formalización de algunos expedientes de contratación o el fraccionamiento inadecuado de algunos pagos para evitar la normativa vigente en materia de publicidad y concurrencia. Peña ha tasado el valor de estos incumplimientos en 10 millones.

El informe se cierra con una revisión del personal existente en el año 2016, donde se constata un volumen de trabajadores superior a los 900, que llegan a ser 1.500, por ejemplo, en las épocas donde son comunes los servicios de prevención y extinción de incendios. El 63% de este personal, según ha explicado el presidente de la Cámara, era no cualificado. Por otra parte, la institución ha detectado que, de los quince contratos que se formalizaron en cuanto a estructuras rurales (por ejemplo regadíos) en nueve no se tiene constancia de que haya pliegos de contratación debidamente aprobados.

Retraso en la presentación del informe

Alfonso Peña ha admitido la demora que han sufrido los plazos para la presentación del documento, previsto para 2017 pero que se retrasó hasta febrero de 2019. “Hace referencia a una foto fija de cómo estaba la empresa a 31 diciembre 2016. Ha pasado mucho tiempo y hemos hecho un seguimiento de cómo está la compañía, incluso el informe recoge algunos de los temas que están ya solventados” ha manifestado.

Entre ellas, está la irregularidad relativa al fraccionamiento del objeto de contratos menores en publicidad y concurrencia, por valor de unos 5 millones de euros. Muchos de ellos se referían a contratos para el combustible y mantenimiento de los vehículos que utiliza el servicio, así como a la gestión de los centros de interpretación de los espacios protegidos de la Comunidad. Aquí, Sarga consideraba un contrato independiente la gestión de cada centro, pero desde 2017 se cambió el criterio y es Sarga quien presta directamente el servicio en cada centro, contratando a los trabajadores necesarios en lugar de recurrir a empresas externas.

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