El Gobierno de Aragón trabaja estos días para dar con diferentes figuras jurídicas que le permita aplicar las restricciones que considere oportunas para frenar la incidencia del coronavirus a lo largo de la geografía aragonesa. Lo hace después de que la justicia se mostrara contraria algunas de sus decisiones como los confinamientos de Andorra o La Almunia de Doña Godina.
“Estamos buscando la figura jurídica que nos permita estos confinamientos”, ha señalado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha reiterado que pese a las decisiones del TSJA el Ejecutivo “no va a bajar los brazos”.
Así, Repollés ha defendido la determinación de su Departamento para promover las acciones que crean necesarias para “preservar la salud y la vida de los aragoneses”. Unas medidas que, en cualquier caso, buscarán no enfrentarse con “libertades individuales” como el de la movilidad según la titular de Sanidad autonómica.
Sin más detalles por el momento sobre qué fórmula podría adoptar el Gobierno de Aragón, Repollés ha evitado aludir a la posibilidad de que el Ejecutivo solicite un Estado de Alarma para alguno de sus territorios. Un recurso que sigue disponible para todas las comunidades, tal y como recordó el pasado martes de forma pública el ministro Salvador Illa.
