El Estado exhumará las 624 fosas comunes de Aragón en los próximos cuatro años

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha visitado las fosas de Farlete
photo_camera El secretario de Estado de Memoria Democrática ha visitado las fosas de Farlete

Eliminar las 624 fosas comunes repartidas por toda la Comunidad es el principal objetivo del convenio de colaboración que van a firmar el Gobierno de Aragón y el Estado en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma prevé llevar a cabo la exhumación de estas fosas por todo el país en los próximos cuatro años, y busca la colaboración de los Ejecutivos autonómicos para coordinar todas las actuaciones.

En este sentido, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se ha reunido este miércoles con el responsable del Departamento de Educación, Felipe Faci, que tiene las competencias en este ámbito, y con varias asociaciones para presentarles este Anteproyecto de Ley, aprobado en Consejo de Ministros hace dos semanas. Ahora, buscan en mayor consenso para lograr definitivamente su visto bueno.

No en vano, el Ejecutivo nacional calcula que se pueden recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres en un plan cuatrienal con el apoyo de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos. En Aragón, hay 624 fosas identificadas, 251 en Zaragoza, 199 en Huesca y 174 en Teruel. “La democracia no puede seguir teniendo fosas comunes por la geografía española. Nos lo han reiterado los organismos internacionales. Es una gran anomalía y es una gran deuda con nuestro pasado”, ha remarcado Martínez.

El objetivo del Gobierno es iniciar este plan en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, ya que las cuentas actuales, prorrogadas desde el 2018, con Mariano Rajoy como presidente, no contempla partidas para este ámbito. En concreto, el Anteproyecto de Ley “pone a las victimas en el centro de la acción pública, declara la ilegitimidad de los tribunales de excepción franquistas y anula las sentencias y resoluciones de estos tribunales”, ha detallado Martínez. “Está vertebrada en torno a los grandes principios de Derecho Humanitario: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ha añadido.

Asimismo, se va a incluir en el currículum escolar una asignatura sobre Memoria Democrática “para que se conozca a fondo todo este proceso, la lucha colectiva en pro de reconquistar las libertades fundamentales”, ha comentado el secretario de Estado, que lo califica como clave para “afianzar las raíces de nuestra convivencia y nos protege de no repetir los errores del pasado”.

Además, también marcará la simbología que se tendrán que retirar de las vías públicas, un trabajo que en Aragón ha supuesto enviar unas 250 cartas a ayuntamientos, particulares, obispados y parroquias y que, según la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, “por nuestra parte ha terminado ya”. “El proceso debía haber acabado en agosto, pero con la suspensión de plazos se ha alargado hasta el 22 de noviembre para eliminar estos restos, que son los últimos vestigios”, ha destacado.