Cubero exige legalizar el servicio de movilidad compartida que está “sin ningún tipo de regulación”

Cubero ha denunciado la inacción del Gobierno

El concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha exigido al Gobierno de Zaragoza que regule el servicio de movilidad compartida, en concreto el de bicicletas y motos eléctricas que está operando “sin ningún tipo de regulación”. Esta situación, ha dicho, “además de mostrar la dejadez del Gobierno aporta unos beneficios perdidos para la ciudad de Zaragoza”.

En el marco de la semana de la movilidad que comenzó este miércoles Cubero ha explicado que el servicio de Mobike (bicicletas eléctricas) inició una prueba piloto de un año que caducó en septiembre de 2019. “En su día preguntamos la intención del Gobierno y nos dijeron que iban a hacer una prórroga de seis meses hasta abril de 2019 porque no había dado tiempo a estudiarlo”, ha relatado Cubero.

El fenómeno, ha reconocido, “estaba generando molestias al ser abandonados y la regulación permitió que ese malestar terminara fulminantemente al exigir a las empresas que no ocuparan el espacio público”. Además, según ha asegurado el concejal de Zaragoza en Común, “se permitió que los falsos autónomos fueran contratados directamente incluyendo cláusulas para la reinserción de colectivos excluidos”. “También se trabajó para la lucha contra el cambio climático y la regulación de esos servicios trajo unos beneficios tangibles para Zaragoza”, ha continuado.

Cubero ha exigido que se licite “no solo las bicicletas de Mobike sino las bicicletas y motos eléctricas para que Azcón y Chueca abandonen la dejadez que se está viendo, además, en otros contratos públicos como el de limpieza, parques y jardines o autobús”.

Sentencia del Supremo sobre el autobús urbano

Cubero también se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Supremo contra los pliegos de las condiciones de la actual contrata del bus, tras haber sido excluida de participar en el concurso público del que salió ganadora Tuzsa (en la actualidad, Avanza Zaragoza). El Alto Tribunal mantuvo la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, que anuló dos de las cláusulas del concurso. No obstante, atiende en parte el recurso de casación interpuesto por Avanza y corrige el aspecto referido a la solvencia económica.

El concejal de ZeC ha explicado que este jueves acaba el plazo para ejecutar dicha sentencia. “La situación es grave y Azcón ni siquiera se ha reunido con ellos”, ha dicho. Según Cubero, “el servicio siempre ha estado pendiente de un hilo y consideramos que esta empresa en la pandemia ha demostrado que no tiene un funcionamiento muy ético”, ha dicho asegurando que “es una oportunidad para avanzar en la gestión pública del servicio del autobús que genera mayor autonomía en la gestión del servicio”. “Azcón tiene que cumplir las sentencias y no puede seguir escondiendo la cabeza”, ha denunciado Cubero.

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