El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que “no hay elementos para no cerrar un acuerdo” para prorrogar de nuevo los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y apunta que este asunto debería estar “zanjado como muy tarde hacia el 20 de septiembre”.
En una entrevista concedida a Servimedia, el máximo dirigente de UGT defendió “no volvernos locos” y prolongar los ERTE previendo para diciembre una reunión de la comisión tripartita para evaluar la situación y establecer una “prórroga automática”. Según Álvarez, este proceder “daría más tranquilidad a trabajadores y empresarios”.
En cuanto a las condiciones de los ERTE en la nueva prolongación, el secretario general de UGT señaló que el Ejecutivo le ha trasladado su postura favorable a mantener la prestación por desempleo derivada de los expedientes en el 70% de la base reguladora pasados los seis primeros meses de su percepción, eliminando así el descenso que se produce en ese momento al 50%. “Hay que poner encima de la mesa la necesidad de derogar la reforma del PP” en la protección social, según Álvarez.
Para los fijos discontinuos inmersos en estos expedientes y que no cotizan para desempleo, apostó por “suplir” esa falta de cotizaciones, y para los temporales, en una situación similar, señaló que se les tendrá que sostener con algún subsidio.
Respecto a delimitar los ERTE por sectores, el máximo responsable de UGT lo consideró un “sinsentido” y abogó por mantener los ERTE “con una cierta amplitud”.
“Si queremos de verdad mantener a la economía, a las empresas y los trabajadores en plenas condiciones” para cuando mejore la situación sanitaria con la aparición de la vacuna, “hay que hacer este último esfuerzo” y “el Estado tampoco se va a ahorrar nada si no lo hacemos porque estas personas van a tener que ir al desempleo” en el caso de que se restrinjan los ERTE, a juicio de Álvarez.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha remitido una propuesta a los agentes sociales que incluye que prestaciones de los ERTE empiecen a consumir del tiempo del desempleo, a diferencia del modelo de protección que se ha venido prorrogando hasta el momento para todos los trabajadores suspendidos y es el llamado ‘contador a 0’, que la prestación no descuente. También plantea una “protección diferencial”, que UGT entiende como una prórroga de los ERTE por sectores o actividades.
Se trata de un primer documento sobre el que se trabajará la próxima semana. El lunes está prevista una reunión y UGT trasladará su valoración sobre la propuesta aunque ya ha adelantado su rechazo a la “protección diferencial” y a que decaiga el ‘contador a 0’.
Por otra parte, el sindicato ha puesto en marcha un servicio para reclamar el cobro de la prestación del ERTE, ante los problemas surgidos en la administración, y han registrado algo más de 20.000 solicitudes de las que unas 12.000 se han resuelto favorablemente.
Teletrabajo
Preguntado por la negociación sobre la futura ley que regulará el trabajo a distancia, Álvarez consideró que está “suficientemente madura”. No obstante, apuntó que sigue habiendo “desacuerdo” con la patronal en el porcentaje de jornada mínima de teletrabajo a partir del cual se empieza a aplicar la ley.
El último borrador lo fija en el 30% en un periodo de referencia de tres meses, en atención a la petición de la parte empresarial, y para UGT esa cifra es un “exceso” que “va a dejar fuera a la inmensa mayoría de los trabajadores”.
El dirigente del sindicato advirtió de que ese punto es un “escollo” y abogó por volver al 20% fijado en un borrador anterior o a un 15% para que “de manera regular, las empresas no puedan utilizar un día y medio a la semana de teletrabajo sin aplicar la legislación”.
El documento manejado en el diálogo social establece la voluntariedad de trabajar a distancia, la opción de volver al trabajo presencial y la necesidad de acordar el teletrabajo por escrito con la empresa.
En dicho acuerdo deberán reflejarse los medios, equipos y herramientas necesarias; una enumeración de los gastos en los que pueda incurrir el trabajador; el horario; la distribución entre trabajo presencial y a distancia si lo hubiera, o la duración del acuerdo. El trabajador podrá modificar el porcentaje de trabajo presencial de mutuo acuerdo con la empresa.
El desarrollo del trabajo a distancia deberá sufragarlo o compensarlo la compañía y “no podrá suponer” la asunción de gastos por parte del trabajador.
El empleado también tendrá derecho a un horario flexible, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria, y el personal laboral de las administraciones públicas se regirá por su normativa específica y no por esta ley.
Respecto a este último punto, Álvarez señaló que “tiene que haber una referencia al emplazamiento al sector público a que de manera inmediata cierre un acuerdo en materia de teletrabajo”.
