El Congreso de los Diputados debatirá y votará en la sesión plenaria de este jueves la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley en el que se establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán prestar voluntariamente al Estado sus superávits. Fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto y surgió de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, pese a las críticas y el rechazo que ha generado en numerosos municipios gobernados por diferentes formaciones políticas y entre los grupos de la oposición en el Parlamento nacional.
Entre estas opiniones discordantes se encuentra la del Ayuntamiento de Zaragoza. Su alcalde, Jorge Azcón, se ha trasladado a Madrid para pedir diálogo. “Necesitamos dialogar, ya lo dijimos en agosto y hoy, en las últimas horas, nos encontramos con un regateo que no entendemos”, ha manifestado Azcón, ya que, según ha considerado, “nuestras ciudades y pueblos no se lo merecen”.
“Es un espectáculo lamentable”, ha afeado Azcón, afirmando que “lo único que visualiza” este comportamiento es “la preocupación que tienen por mantener el sillón, no por solucionar los problemas reales de los vecinos”. “Es algo mucho más serio: ayudas para alimentación, aumento de la desinfección en nuestras calles, incremento del número de policías locales… sería un error”, ha completado el primer edil.
En caso de ser convalidado, Hacienda transferirá hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participen en el préstamo al Estado para que los destinen a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
No obstante, en el caso contrario y según ha remarcado Azcón, “los alcaldes seguiremos necesitando interlocución por parte del Ministerio”. “Sería un error que Hacienda intentara castigarnos, la ministra no puede pensar que tiene que tomarse la revancha con los alcaldes porque piensen distinto a ella, se estaría equivocando con todos los españoles”, ha lamentado, añadiendo que “lo justo es que este Real Decreto no se convalide, pero que a partir de mañana se empiece a hablar de las necesidades que tenemos los ayuntamientos y los municipios, porque muchas veces somos la primera línea de acción social”.
Si la norma sale adelante, contempla que el Estado devolverá a los municipios el importe íntegro del préstamo en los próximos 10 años a contar desde 2022, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera “ofrece condiciones más ventajosas”. También recoge que los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de septiembre para trasladar al Estado su compromiso “firme, vinculante e irrenunciable” de transferir sus remanentes de tesorería.
Una vez conocido el volumen del préstamo, el Estado realizará un ingreso no financiero a las entidades locales participantes en el mismo. El importe del ingreso supondrá para cada municipio, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementará hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todos los ayuntamientos que formen parte de él.
El Estado transferirá a las entidades locales que hayan colaborado un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Según señaló el Gobierno, el dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también comunicó que las corporaciones locales que participen en el fondo se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0% y podrán ahorrarse hasta 70 millones de euros anuales de intereses que hoy están pagando por tener sus remanentes en las entidades financieras.
