El PSOE se desmarca del llamamiento de Teruel contra el acuerdo entre la FEMP y Hacienda

El Pleno extraordinario se ha celebrado de forma telemática

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado en un Pleno extraordinario un texto de rechazo absoluto al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para el reparto de fondos a los municipios. La proposición ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs, Vox, PAR, CHA y Espacio Municipalista por Teruel, la abstención de Ganar Teruel-IU y el voto en contra del PSOE.

De esta forma, el Consistorio considera que el acuerdo es “injusto”, ya que “vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”, además de suponer un quebranto contra “la autonomía financiera de las entidades locales”. “Establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no poseen remanentes y una discriminación de los que sus remanentes son escasos”, menciona el texto.

Por este motivo, solicitan la “apertura inmediata” de un proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda “que permita establecer unos criterios de reparto basados en la igualdad y la solidaridad”. Igualmente, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a tramitar “con la máxima urgencia” otro Real Decreto con medidas como 5.000 millones de euros incondicionados y 1.000 para el transporte público, ampliación del plazo para inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, al menos, para 2020 y 2021.

Aprobada la urbanización del Polígono Sur

Por otro lado, el Pleno extraordinario también ha servido para aprobar por unanimidad el proyecto para finalizar la urbanización del Polígono Sur. Este paso permitirá iniciar la contratación de las obras a través de su correspondiente licitación tras varios años de litigios.

Hace ya unos años el Ayuntamiento consiguió que las familias que habían adquirido un piso pudieran ocupar sus viviendas a pesar de que la urbanización estaba sin acabar ya que existía un contrato entre la sociedad mercantil La Senda del Valadín, constituida por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, con una UTE formada por dos empresas que debía finalizar la obra, pero ambas empresas habían hecho concurso de acreedores y por tanto la continuación de la obra acarreaba numerosas dificultades. Finalmente, se consiguió llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, que evitó contenciosos en los juzgados que habrían alargado durante años la finalización de las obras.

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