Vox plantea revocar la adhesión de Zaragoza a la FEMP y su salida de la asociación

Para Vox, la FEMP ha ido creando lo largo de tres décadas “una infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades locales”
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Vox en Zaragoza ha planteado en una moción en el Ayuntamiento para la revocación de la adhesión a la FEMP de la ciudad y su salida de la asociación. Una petición que justifica en la necesidad de una gestión “eficiente y honesta del dinero de los vecinos de Zaragoza”.

Así, la formación ha explicado que “no va a permitir que el gobierno de Pedro Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el dinero de los zaragozanos”. Un blanqueo que llega a través de esta organización, “un artefacto creado en su día por los dos grandes partidos (PSOE y PP)”.

Además, la formación recuerda que actualmente no permite a los ayuntamientos intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, sino que tiene por finalidad, precisamente, “intervenir esta autonomía”. “O actuar como contrapeso a la independencia en la gestión de las entidades locales”, han explicado en un comunicado.

La FEMP, en contra la autonomía municipal según Vox

Para Vox, la FEMP ha ido creando lo largo de tres décadas “una infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades locales” y, una vez adheridas, “les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación mediante su Central de Contratación”.

Una “artimaña” que “cabe legalmente”, según Vox, pero que es “reprobable política, social y moralmente”. “Constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y restringe la autonomía constitucional de las entidades locales, porque no beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático”, denuncian en su comunicado.

Así, desde Vox se ha enfatizado en la labor de las diputaciones provinciales, “que ya asisten a los municipios desde una administración provincial real y fiscalizada”. En opinión de Vox, la experiencia demuestra que la FEMP “no contribuye a garantizar la autonomía local que establece la Constitución” y acumula atribuciones y gestión de dinero público. Con lo cual, la entidad “hurta a los municipios el derecho y autonomía que la Constitución les reconoce constituye un auténtico chiringuito que sirve a la colocación de personal de los partidos”.