El 30 de junio de 2020 se ha convertido en un martes negro para la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, para las Cuencas Mineras y para toda la provincia de Teruel. El proceso de descarbonización ha culminado con el cierre definitivo de la central térmica de Andorra que, durante más de 40 años, ha sido una de las grandes generadoras de energía eléctrica de España. Ese mismo día, los casi quinientos empleados, entre trabajadores de plantilla, operarios de subcontratas y de empresas auxiliares, se manifestaban en la villa turolense para exigir, una vez más, soluciones realistas para un futuro inmediato que pinta negro como el carbón que se quemaba en sus calderas. Todos los manifestantes –empleados, familiares y vecinos de la población bajoaragonesa– expresaban una evidente impotencia y estaban abrumados por el peso de la incertidumbre.
Habría que remontarse a los años 50 del siglo XX para comprobar con esperanza cómo en el municipio turolense de Aliaga comenzaba a funcionar una de las mejores y más modernas centrales térmicas de España. Pero su vida fue efímera. Y 30 años después –en 1982– dejaba de quemar carbón y se convertía en un gris esqueleto de cemento y en una montaña de escombros cual vestigio agridulce. La historia se repitió pocos años después con la central de Escatrón y con la térmica de Escucha. Esta última cesó su actividad en 2012 y todavía queda su armazón de cemento, su imponente chimenea y unos tristes y abandonados barracones. La historia no es nueva. Y en este caso se repite, dejando atrás el reguero de ausencias de la tan cacareada España vacía.
Paralelamente a estos desmantelamientos, fueron desapareciendo las minas de carbón por diversos y discutibles motivos. La mayoría de estos yacimientos de lignito se encontraban en la provincia de Teruel: Utrillas, Aliaga, Andorra, Escucha, Estercuel, Ariño, Gargallo, Rillo, Palomar de Arroyos y el municipio zaragozano de Mequinenza. Su cierre definitivo produjo la misma impotencia e incertidumbre que la reciente clausura de la térmica de Andorra. Es la crónica de una muerte anunciada, es el proceso irreversible de unas explotaciones que dieron vida a estas tierras agrestes durante décadas y asentaron una población que no tuvo que emigrar para buscar trabajo en otras ciudades o regiones.
Las alternativas laborales y económicas no son nada esperanzadoras. Es verdad que desde las administraciones autonómicas se están buscando nuevas inversiones para la zona. Se habla de una transición ecológica justa, de un asentamiento de la población, de cursos de formación para los más jóvenes, de un proceso de reindustrialización. Pero los trabajadores y vecinos no se creen que estas promesas, que llevan ya una década, se materialicen antes de que se vean obligados a emigrar y buscar trabajo en otras tierras, como ya ocurrió en Aliaga y Escucha.
Hay que tener en cuenta, además, que no es, ni mucho menos, el mejor momento para reflotar la economía y consolidar nuevos puestos de trabajo en la zona. La reciente y devastadora pandemia del coronavirus ha alterado a nivel estatal y autonómico propuestas esperanzadoras para una provincia como la de Teruel, que sufre desde hace décadas la sangría de la despoblación. La mayoría se pregunta si no se habrá llegado tarde a este vacío demográfico y si el desmantelamiento de la térmica de Andorra se convertirá en la gota negra que colmará el vaso de la poca vida que les quedaba a estas comarcas.
