El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento ha denunciado el uso que el gobierno de PP-Cs quiere realizar del dinero del remanente municipal, al destinar más de 33 millones de euros a pagar las revisiones de precios de las grandes contratas, en lugar de gastarlo en políticas sociales. El Ayuntamiento de Zaragoza, ha explicado el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, cuenta con 40,5 millones de euros de remanente, un montante económico del que podría detraerse el 20% para políticas sociales, tras acometer los gastos a los que le obliga la Ley (9,2 millones en facturas pendientes de pagar y 2,6 millones en Inversiones Financieramente Sostenibles).
Santisteve ha pedido que se establezcan planes de pago con las empresas para así abonar las cantidades correspondientes, evitar generar intereses de demora y, al mismo tiempo, disponer del 20% del remanente, una cantidad permitida por ley, para destinarlo a gasto social. “A pesar de que compartimos la conveniencia de no esperar a que esas revisiones de precios se judicialicen, consideramos que habría que negociar unos planes de pago con las empresas, tal y como hicimos en la anterior legislatura, lo que también evitaría la generación de intereses de demora y abriría la posibilidad de realizar una importante inversión social de entre cinco y seis millones de euros. Se pueden pagar esas deudas y a la vez aumentar el gasto social, pero el Gobierno PP-Cs prefiere dedicar el dinero municipal a grandes empresas en lugar de destinarlo a políticas sociales”, ha señalado Santisteve.
En la situación actual, el Ayuntamiento destinará alrededor de 37 millones al pago de las deudas de las sentencias firmes por revisión de precios, principalmente para FCC y Avanza, a las facturas pendientes de pagar y a las Inversiones Financieramente Sostenibles, ha asegurado.
“No estamos hablando de deudas con autónomos o pymes que sufren por falta de liquidez, sino de grandes multinacionales que no tienen ninguna necesidad de cobrar enseguida esas cantidades, ya que son más que solventes para ir recibiendo ese dinero poco a poco. Negociar un plan de pago, como hicimos en la anterior legislatura, permitiría pagar a las empresas, no aumentar la deuda e invertir en gasto social”, ha insistido Pedro Santisteve. “No podemos permitirnos desaprovechar la oportunidad de gastar el 20% del remanente en gasto social, en un momento de desempleo masivo y pobreza creciente”, ha concluido.
La denuncia de CSIF
ZeC presentó una moción en el pasado Pleno para denunciar el “racismo institucional”, ante lo que CSIF aseguró que llevaría a ZeC ante la Fiscalía por un presunto delito de injurias contra los empleados del Ayuntamiento. Ante esto, Santisteve ha asegurado que este tipo de amenazas no les van a impedir denunciar temas tan graves como el racismo institucional. “Esta situación no tiene ningún recorrido y las instituciones necesitan mecanismos de garantía para evitar estas situaciones”, ha dicho.
