Juan Ángel Mairal / Experto en Logística y Transporte

Movilidad y transportes para el nuevo tiempo

Juan Ángel Mairal

Nuestra sociedad, las ciudades y el mundo rural están experimentando profundos cambios y transformaciones que impactan de lleno en los transportes y la movilidad urbana y metropolitana, y todavía se hacen más profundos después de estos meses en los que nos ha impactado la pandemia de la Covid-19.

Teníamos ya conciencia del impacto medioambiental de los ciudadanos –en especial de los efectos que el transporte tiene sobre el medio ambiente y su salud–, el aumento de la población de las grandes áreas urbanas y la aceleración y la consiguiente despoblación de las zonas rurales, el envejecimiento de la población, la irrupción de relevantes innovaciones tecnológicas, o los nuevos hábitos de consumo –como el comercio electrónico o la economía colaborativa–.

Estos cambios se producen, además, en un contexto en el que las ciudades, junto a la revitalización del mundo rural, deben ser uno de los protagonistas en la respuesta a los retos globales de todo tipo, medioambientales, sociales, culturales, alimentarios y de salud, económicos y territoriales.

Todo ello está transformando la movilidad y los transportes, que han de adaptarse a este nuevo escenario. La movilidad urbana, metropolitana e interurbana, se concibe actualmente como un derecho, de modo que su finalidad no es exclusivamente la provisión y regulación de los servicios de transporte público –que también– sino que, además, tiene el objeto de satisfacer las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos y de las mercancías, en condiciones de seguridad y bajo el principio de sostenibilidad.

En esta concepción de la movilidad en general, su desarrollo se produce mediante un sistema complejo en el que intervienen multitud de actores. El ciudadano, o el cliente en el caso de las mercancías, forma parte del núcleo del sistema de la movilidad, mientras que el resto de elementos -infraestructuras, prestadores y operadores de servicios de movilidad y valor añadido, proveedores de tecnología, y la administración pública- se relacionan entre ellos y tienen funciones orientadas a satisfacer las necesidades de movilidad de ciudadanos y el desplazamiento de las mercancías.

La administración pública es, sin duda, un actor principal en la movilidad y del transporte. Forman parte de ella las administraciones de distinto ámbito geográfico -local, autonómica y estatal- con competencia en materia de transporte y tráfico, pero también otras áreas de la administración que se interrelacionan con las anteriores (urbanismo, medio ambiente, energía, economía, salud, etc.), lo que requiere una intensa labor de coordinación y cooperación.

La administración es un actor más relevante en la movilidad de viajeros que en la de mercancías, por su papel como planificador y proveedor de servicios de transporte público. En este campo, destaca la función que llevan a cabo los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, y en particular las 22 Autoridades de Transporte Público (ATP) que hay en España, que son entes públicos que coordinan los servicios de transporte público de viajeros en un área metropolitana. Por su parte, la Administración General del Estado (AGE), aun cuando posee limitadas competencias en la movilidad urbana e interurbana, lleva a cabo también algunas funciones que inciden en este ámbito de la movilidad que se refieren a: planificación y elaboración de estrategias, provisión y explotación de infraestructuras, provisión de servicios de transporte – como las cercanías ferroviarias operadas por Renfe, de momento-, regulación, financiación, fiscalidad, colaboración, divulgación, impulso de medidas, etc.

Con esta perspectiva tan acelerada, las instituciones de Aragón, empezando por su Gobierno, diputaciones, comarcas y ayuntamientos, tienen un reto, si cabe mayor. Su situación geográfica supone un recurrente punto de ventaja para su desarrollo, pero también puede suponer un riesgo sino sabemos manejarlo para no convertirse en un simple punto de paso.

No podemos perder ni un minuto y, teniendo en cuenta nuestra peculiar distribución de población en Aragón, realizar con una mayor agilidad la regulación de servicios y negocios contando en mayor medida con el desarrollo tecnológico, para dar respuesta a los nuevos patrones de movilidad que están surgiendo, tomar medidas adicionales dirigidas a atajar el problema de la emergencia ambiental y climática, e intensificar la colaboración entre los diferentes actores del sistema de la movilidad para ofrecer alternativas y las mejores soluciones a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las mercancías.

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