Las educadoras “forzadas” a trabajar con enfermos Covid reclaman mejorar su estabilidad laboral

Dos de las auxiliares reasignadas en el centro Covid-19 de Casetas

Las auxiliares de educación especial que fueron “forzadas” a trabajar como auxiliares de enfermería en el centro Covid de Casetas (Zaragoza) denuncian las prácticas que realizaron y reclaman a la DGA un reconocimiento real y “no público” que se vea basado en la búsqueda de una mayor estabilidad laboral.

Al principio del estado de alarma, 47 trabajadoras interinas de centros de educación especial fueron trasladadas para trabajar como auxiliares de enfermería en el centro Covid de Casetas (Zaragoza). Es decir, de pasar de trabajar con niños de educación especial a tratar con ancianos enfermos, y todo ello, de forma obligatoria, ya que si se negaban suponía la expulsión de las listas de trabajo públicas. Un llamamiento forzoso que solo recayó sobre las interinas y no en las trabajadoras fijas. Y allí que fueron.

El pasado lunes 29 salió el último paciente Covid del centro de Casetas y hace un mes que salieron del centro la mayoría de las trabajadoras, y cuatro semanas después no han recibido nada. Entre sus reivindicaciones, que se conozca el “abuso administrativo” y una retribución en las listas para acabar con la temporalidad del sector.

Todo ello con una formación mínima que se basó en saber colocarse el EPI, una de las trabajadoras, Esther Chueca, denuncia que cuando les llamaron “no sabían exactamente lo que era ser auxiliar de enfermería”. Su trabajo estaba basado en el cuidado total, compartido con auxiliares de enfermería “de verdad” de los ancianos, en su mayoría encamados.

Una labor, como denuncian las trabajadoras, muy lejana a la educación, como era tener que hacer el aseo diario en la cama o el curado de úlceras. Sus labores comprendían “incluso comprobar si el anciano enfermo seguía vivo, siendo este trabajo de lo más peligroso, ya que la expulsión de contenido vírico aumenta hasta un 10% más cuando el paciente ha fallecido” explica a Aragón Press una de estas educadoras.

Un trabajo, que ya lejano a su profesión, las obligó a estar en primera línea siguiendo las indicaciones de las enfermeras desde fuera de la habitación. Las trabajadoras afectadas no acusan a las enfermeras, ya que de esos trabajos se encarga una auxiliar de enfermería. Lo que denuncian es que ellas no tenían formación en ello.

Entre sus reivindicaciones, una puntuación excepcional en las listas de empleo público, como forma de dar mayor estabilidad laboral a sus vidas. Una medida que, según las empleadas interinas, fue declinada por Función Pública de la DGA, alegando que subir su puntuación condicionaría el acceso a demás trabajadores del sector y pudiese “ser denunciado” por otros trabajadores. La DGA les explicó que subirles en la lista sería “ilegal”, lo que las trabajadoras responden cuestionando “la legalidad de mandarlas a ellas al centro”. Las trabajadoras no han guardado sus trajes de “auxiliares de enfermería” ya que, si apareciese un rebrote, se verían “obligadas” de nuevo a volver a este centro.

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