En el año 2010 el Partido Popular (PP) interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 de la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, o ley Aído, cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sin que hasta el momento, aquel, se haya pronunciado. Esta ley no hizo más que consolidar de “derecho” la despenalización de “hecho” del aborto en 1985 (fraude de ley en virtud del coladero del tercer supuesto), provocando desde entonces en España el exterminio de cerca de dos millones trescientos mil embriones humanos.
Desde un punto de vista político, parece ser que todas aquellas leyes que el PSOE ha legislado fomentando las prácticas abortivas, ha sido el PP cuando gobernaba con mayoría suficiente quien las ha afianzado. Fue al ministro Ruiz Gallardón quien el propio Rajoy le encargo la reforma de la ley Aído y, al mismo tiempo, quien le ordenó abstenerse de seguir con la misma hasta que el TC se pronunciara acerca del recurso previamente interpuesto. Observando este escenario, da pie a pensar que el derecho a la vida contemplado en el artículo 15 de nuestra Constitución, prima menos que ciertos intereses a los que muchos no alcanzamos a entender.
El aborto representa actualmente en España un tercio del déficit de natalidad, originando consecuencias perniciosas tanto a nivel social como económico. El invierno demográfico que pasa de puntillas en los espacios informativos y en todo tipo de prensa escrita o digital, ha puesto en jaque al sistema de nuestras pensiones. Asimismo, la escolarización se ha visto reducida drásticamente en las aulas, agudizándose en el entorno rural.
Negar los efectos del aborto, no solamente los intervenidos quirúrgicamente sino también aquellos ocultos que son provocados químicamente, hace sostener a ciertos ideólogos y políticos el argumento de que son procedimientos inofensivos, sin tener en cuenta la aniquilación de una vida humana y el sufrimiento evidente de la madre. Son las negaciones de quienes promueven por un lado el aborto, y de quienes por cobardía o interés miran para otro lado, a la luz de una moralidad sedada por la coyuntura de situación.
No se puede negar que el aborto en España, y en el mundo entero, es un gran negocio que genera un tránsito de dinero muy dilatado. Desde la vigencia de la LO 2/2010, la mayoría de los abortorios de referencia que notifican al Ministerio de Sanidad las prácticas abortivas son centros privados (nueve de cada diez). Según un informe elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF), la industria del aborto en España mueve un montante de 60 millones de euros al año.
El TC, silente ahora en el caso que nos ocupa, ya se pronunció en 1985 ante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la ley que despenalizaba entonces el aborto (cuando el presidente del gobierno era Felipe González Márquez, militante del PSOE), en cuya sentencia 53/1985, de 11 de abril establecía que “el derecho a la vida constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación (…) y que termina con la muerte. La gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta”.
Por otro lado concluye que “si la Constitución protege la vida (…) no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental –la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto constitucional aunque no sea titular de derechos al no haber alcanzado personalidad jurídica con el nacimiento, de acuerdo al Código Civil”.
Con todo, ya han pasado diez años sin que el mismo organismo se haya pronunciado acerca de un asunto que hace sangrar a nuestra nación y causa tanto dolor. Es paradójico ver que, en esta pandemia del Covid-19 se hayan empleado tantos recursos humanos, económicos y materiales para salvar vidas, y por otro lado la estadística abortiva crezca exponencialmente sustentada por el erario, y eclipsada por el silencio polvoriento de la judicatura. ¿Estamos construyendo y consintiendo sociedades en las que la vida queda supeditada a un plan estratégico puramente económico? Yo en contracorriente me niego a ello, y siempre apostaré por la vida.
