El Pleno rechaza crear un plan de reducción de tráfico

El Gobierno de Zaragoza considera que no es prioritario en estos momentos un plan de reducción del tráfico
photo_camera El Gobierno de Zaragoza considera que no es prioritario en estos momentos un plan de reducción del tráfico

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado una moción de Podemos-Equo que proponía un plan urgente para la reducción permanente del tráfico contaminante en una amplia área del centro de la ciudad.

La iniciativa, rechazada con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, planteaba potenciar el uso del transporte público sostenible, el de los desplazamientos peatonales y también el desplazamiento con medios particulares de cero emisiones. Partido Socialista y Zaragoza en Común han votado a favor.

La responsable municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha subrayado que, en esto momentos, no es una de las actuaciones prioritarias que contempla el Gobierno de Zaragoza.

“No vemos la urgencia, ni el drama, ni el caos”, ha subrayado y ha recordado la mala situación que vive el autobús urbano y el tranvía de la ciudad tras salir del Estado de Alarma, que ha dejado un 40% menos de usos en el transporte público.

El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha subrayado que, además de la pandemia, hay otra evidente crisis mundial “de la que algunos parecen olvidarse, que es la crisis de la emergencia climática” y ha llamado a “replantear” el espacio público para dar mayor prioridad a los transportes sostenibles y a los peatones.

PP, CS y Vox también han hecho que decaiga otra moción de Podemos-Equo, que planteaba actualizar los criterios de gratuidad del transporte público para los pensionistas y extenderlo a personas paradas durante seis meses.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha recordado que el Ayuntamiento ha tenido una caída en la demanda que le ha supuesto una pérdida de 22 millones de euros, por lo que ha pedido a Rivarés que se sume a la petición de exigir al Gobierno central un fondo de unos mil millones de euros para que las ciudades españolas puedan afrontar las “tensiones de tesorería” provocadas por la reducción de usos en el transporte público.