El Gobierno y los agentes sociales acuerdan prorrogar los ERTE hasta septiembre

Díaz y Escrivá, con los agentes sociales | Foto: Ministerio de Trabajo y Economía Social

El Gobierno y los agentes sociales alcanzaron este jueves un acuerdo para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre con un nuevo esquema de exoneraciones en las cotizaciones sociales y con el mantenimiento de la protección por desempleo. El coste para la Seguridad Social de los expedientes desde mediados de marzo hasta septiembre asciende a unos 11.000 millones de euros.

Una vez recibida la aprobación a la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social por parte de CEOE, el acuerdo se cerró y se confirmó poco antes de las 16.00 horas. Este viernes se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaron el ‘II Acuerdo Social en Defensa del Empleo’.

El pacto recoge un modelo de ERTE de transición, de forma que todas las empresas que sigan con ERTE por fuerza mayor total pasarán a un expediente de transición que tendrá un esquema de exoneraciones decreciente: 70%, 60% y 35% en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente, en empresas con menos de 50 trabajadores; y en empresas con más de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 50%, 40% y 25% en julio, agosto y septiembre.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Mientras, las empresas que sigan con ERTE de fuerza mayor parcial tendrán una exoneración favorable hacia los trabajadores que se reincorporen a su puesto frente a los que se mantienen sin activar.

En concreto, las que tienen menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales para los empleados que se reincorporen en los meses de julio, agosto y septiembre, y del 35% para los que sigan suspendidos. Para las empresas con 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los activados y del 25% para los no activados.

También se contemplan medidas para las empresas que tengan que cerrar a causa de un rebrote del Covid-19. Se trataría de “situaciones excepcionales”, según precisó Escrivá, y vinculadas a lo que establezcan las autoridades sanitarias, debiendo contar con el visto bueno de la autoridad laboral.

Continúa aplicándose la cláusula que obliga a mantener el empleo durante los seis meses siguientes al ERTE, se extiende la protección por desempleo para los afectados hasta septiembre y se mantiene la ya aprobada para los fijos discontinuos hasta el 31 de diciembre, sigue aplicando la imposibilidad de acogerse a los ERTE si se opera en paraísos fiscales y de repartir dividendos.

Las compañías en ERTE tampoco podrán contratar ni subcontratar y los trabajadores afectados no podrán realizar horas extraordinarias.

Además, el diálogo social deberá “redefinir” un nuevo modelo de protección por desempleo para “mitigar de común acuerdo los efectos de esta crisis”, en palabras de Díaz, y la comisión tripartita continuará monitorizando el desarrollo del acuerdo.

Coste para la Seguridad Social

Escrivá fue preguntado por el coste de extender los ERTE hasta final de septiembre y explicó que, “dado el ritmo al que se está reactivando el empleo desde principios de mayo, y rehaciendo los cálculos”, la estimación de su departamento es que el coste total de los ERTE para la Seguridad Social desde mediados de marzo a septiembre sea de alrededor de 11.000 millones de euros, en línea con las previsiones iniciales realizadas al inicio de la crisis del coronavirus y que se incluyeron en el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas en abril.

En este sentido, el ministro señaló que hasta ahora los ERTE han costado menos de lo previsto, pero que con el acuerdo para extenderlos se alcanzará la horquilla entre los 10.000 y 11.000 millones de euros para la Seguridad Social.

A esta cifra habría que sumarle el coste que los ERTE han supuesto hasta ahora para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que la ministra Díaz cifró en unos 3.000 millones de euros sólo la nómina de mayo de prestaciones por desempleo derivadas del Covid.

En cuanto al acuerdo alcanzado, la titular de Trabajo destacó la “enorme trascendencia” del pacto “en unos momentos de crisis y quizá en los perores momentos de la historia de nuestro país”.

En esta línea, destacó que los agentes sociales “nos dan ejemplo” y el diálogo social “tiende la mano justamente cuando más crispación social hay o cuando quieren que tengamos ruido en lugar de tener calma”.

Díaz definió el acuerdo como “equilibrado” y aseguró que trabajadores y empresas pueden estar “más tranquilos” y tener “certezas”. Particularmente, a las compañías que tengan dificultades, la ministra dijo que “vale la pena seguir” porque el Gobierno está desplegando las medidas para que se mantengan activas.

Escrivá agregó que se trata de “una norma compleja y muy ambiciosa” y que los ERTE han permitido proteger a casi 3,5 millones de trabajadores de unas 500.000 empresas, por lo que enfatizó la “enorme extensión” de la medida “en una situación muy complicada en una economía de tamaño empresarial mucho más pequeño y orientada al sector servicios”, frente a otros países más industrializados en los que han utilizado fórmulas similares a los ERTE.

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