ADEA Conecta: “La justicia funciona en Aragón mejor que la media nacional, pero es necesario invertir en ella”

Parte de los invitados han coincidido en que la justicia española “funciona extraordinariamente bien”

La justicia funciona en Aragón mejor que la media nacional, pero es necesario invertir en ella. Así lo han transmitido Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Antonio Morán, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Daniel Chóliz, director de Deloitte Legal en Aragón y La Rioja, y Alberto Sanjuan, socio de CORP Abogados y Economistas, en una nueva sesión del foro virtual “ADEA Conecta”, que la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón ha organizado este viernes, y que ha estado coordinado por el presidente de ADEA, Salvador Arenere.

Durante la jornada ha quedado patente que “en Aragón el funcionamiento de la justicia es mejor que en otras comunidades”, como ha afirmado Manuel Bellido, que ha asegurado que “en el periodo del estado de alarma, comparándolo con el mismo periodo de 2019, hemos podido realizar un 40 % de lo que se hizo, mientras que en muchas de las comunidades autónomas no han llegado al 20 %”.

También ha quedado claro que “los ciudadanos tienen gran confianza en la justicia, desde sus abogados hasta el siguiente nivel, sobre todo cuando han estado implicados en algún procedimiento judicial”, según ha afirmado Antonio Morán que ha explicado que, en España el número de jueces es “un 50% menor que en las principales potencias europeas”.

Parte de los invitados han coincidido en que la justicia española “funciona extraordinariamente bien”, como ha afirmado Alberto Sanjuan, que ha insistido en que “sí es necesario, para mejorar, entender la justicia como una inversión y no un gasto, tiene que haber visión de Estado, de medio plazo”.

Daniel Chóliz, sin embargo, se ha mostrado crítico y ha afirmado que debemos ser “ambiciosos”, mirar a otros países y plantearnos “¿qué queremos ser de mayores?” y, a partir de ahí, “actuar en consecuencia”. Chóliz ha insistido en la posibilidad de crear “una oficina administrativa, para descargar la carga de trabajo de la justicia, en algunos aspectos”. Manuel Bellido ha explicado que “la declaración del estado de alarma ha otorgado un gran poder de actuación al ejecutivo, que ha adoptado medidas limitativas de los derechos de los ciudadanos”. Por ello, ha asegurado, “es más necesario que nunca contar con una administración de justicia moderna y eficiente al servicio de un Poder Judicial único e independiente que controle la legalidad de la actuación de la administración y de los poderes públicos y resuelva los conflictos jurídicos que se van a plantear en nuestra sociedad como consecuencia de la crisis económica, social y sanitaria del Covid-19”.

Bellido ha detallado las medidas necesarias para poder atender al “importante” incremento de trabajo que se prevé en la administración de justicia, como son “la mayor eficiencia en la utilización de los medios disponibles, especialmente los proporcionados por las nuevas tecnologías (teletrabajo y juicios telemáticos), realizar un esfuerzo para incrementar la resolución de nuestros órganos judiciales con la necesaria implicación de las administraciones competentes (Ministerio de Justicia y Gobierno de Aragón) en la dotación de refuerzos y creación de nuevos órganos judiciales y realizar las reformas procesales (agilización de los procedimientos) y organizativas (reforma de la oficina judicial) necesarias y largamente solicitadas”.

Antonio Morán ha asegurado que “la crisis del Covid-19, como todas las crisis, deja entrever las fortalezas y debilidades tanto de la estructura social e institucional, como de la gestión de gobierno”. Morán ha puntualizado que “en estos meses se ha evidenciado una parálisis casi total de la Administración de Justicia a diferencia de otros sectores tanto públicos como privados. Lo anterior, unido a su crónica lentitud, genera un panorama desolador”. A lo que, según el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, hay que añadir “otros problemas recientes, por un lado, la corrección o acierto de las medidas legales promovidas por el Gobierno en esta crisis, y el eventual control de las mismas por parte de los Tribunales de Justicia y, por otro, la interferencia del poder político en el judicial”. Morán ha asegurado que “si hay que reformar la justicia, desde el punto de vista de los aspectos legales, que se haga de una vez, pero con cierta reflexión y en sede parlamentaria, no a golpe de normas que van parcheando las leyes establecidas”.

Alberto Sanjuan ha asegurado que “cuando hablamos del sistema judicial, debemos pensar en él como una poderosa herramienta para el desarrollo de nuestra economía”, ya que, ha aseverado “una justicia de calidad y rápida es garantía de seguridad jurídica en el tráfico económico. Un sistema lento e inseguro perjudica la actividad empresarial, dado que los actores deberán garantizar sus operaciones y transacciones con otros instrumentos privados, encareciendo así el precio final de los productos”. Y esto, ha concluido Sanjuan, “repercute en la combatividad de nuestras empresas. En un mundo global, España debe tener un sistema judicial atractivo para los inversores. Invertir en justicia es invertir en nuestras empresas y ayudarles a competir en las mejores de condiciones”.

Daniel Chóliz ha explicado que “la digitalización de la Administración de justicia es un reto cuya necesidad se ha visto reforzada a causa de la situación vivida por el estado de alarma. Por ello es necesario el impulso de iniciativas que no sólo vayan encaminadas a impulsar la recuperación de la actividad judicial, sino que sean palancas que permitan su transformación”. Por eso, ha continuado, “desde Deloitte proponemos un ‘framework’ propio para el ámbito de justicia que, una vez superada una primera fase de respuesta, reflexiona sobre un conjunto de iniciativas organizativas, normativas y también tecnológicas para un horizonte de recuperación y especialmente de reinvención que marquen la senda de la necesaria transformación digital de la Administración de Justicia”.

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha resaltado la “necesidad de una justicia independiente, útil y accesible para el ciudadano y la empresa y con capacidad de adaptarse” para lo que, ha asegurado, “es necesaria su modernización”. Arenere ha afirmado que “debe existir consenso político para la justicia”.

La organización de las actividades de ADEA no sería posible sin el apoyo de su Club de Patrocinadores, formado por entidades y empresas: Santander, CaixaBank, Palafox Hoteles, Deloitte, Volkswagen Audi Zaragoza, Caja Rural de Teruel, Grupo Piquer, Endesa, Baco Sabadell, Itesal e Ibercaja Banco.

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