La pandemia mundial ha obligado al conjunto de las Administraciones Públicas a acoger una reestructuración interna, valiéndose de medidas económicas de estímulo extraordinarias. Actualmente, el panorama se mide entre la ambigüedad y la incertidumbre, puesto que, hasta que los organismos competentes no concluyan los análisis de la injerencia real en la economía de Aragón, los datos no serán sino volátiles aproximaciones. Para el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, todavía es “demasiado temprano” para las valoraciones, pero ha asegurado que el organismo se encuentra inmerso en la elaboración de informes para determinar previsiones certeras, una vez se conozcan todas las medidas implementadas. Informes que la Cámara calcula tener listos “para finales de verano”.
En cualquier caso, basándose en una serie histórica a diez años del endeudamiento de la Comunidad, y ante una más que previsible necesidad de requerirse un empuje adicional para levantar la economía, la Cámara de Cuentas encuentra factible que las distintas administraciones necesiten acogerse próximamente al endeudamiento para financiar los presupuestos, por lo que la deuda podría dispararse considerablemente. Para intuir el contexto aragonés a medio plazo, Peña ha presentado “como punto de partida” una comparativa de las cuentas de Aragón a cierre de 2009 (a las puertas de la anterior crisis económica) y de las de 2019 (a las puertas de la crisis sanitaria).
Hace una década, el endeudamiento aragonés crecía hasta los 1.890 millones de euros, una cantidad que representaba el 5,6% del PIB regional y que provocaba una incidencia de 1.408 euros por aragonés. A fecha de 31 de diciembre de 2019, el último dato registrado, el endeudamiento había aumentado hasta los 8.315 millones de euros, lo cual, en términos absolutos, implicaba una multiplicación por cuatro de la deuda, representando algo más del 27% del PIB regional y suponiendo un total de 6.306 euros por habitante.
Precisamente, en el que ha sido la primera comparecencia presencial de la Cámara ante el Parlamento aragonés, Peña ha presentado el informe que elaboró el organismo en 2018, encargado de revisar el endeudamiento de la Comunidad en el periodo 2010-2016. En palabras de Peña, el estudio no deja de ser “muy viejo”, pero que, sin duda, dada la situación económica, puede servir de guía para analizar la evolución de la deuda durante la crisis que estalló en 2008 y cotejar los datos que se derivarán de la Pandemia. Casi a todos efectos, la Cámara entrevé altamente probable que el conjunto de las administraciones vengan a necesitar “apelar al recurso del endeudamiento” para financiar sus medidas extraordinarias y reconfigurarse de cara a la nueva normalidad.
La Cuenta General de Aragón, lista para el 30 de julio
Aragón ha estrenado este lunes la Fase 3 del Plan de Desescalada y la Cámara de Cuentas de la Comunidad ha reanudado su actividad presencial ante el Las Cortes. Durante la que ha sido su primera comparecencia desde que se decretara el Estado de Alarma, el presidente de la Cámara ha informado de que, a pesar del parón físico, el organismo ha estado en permanente y fluido contacto con el Parlamento aragonés, mientras continuaba trabajando, por ejemplo, en la preparación de los programas de fiscalización correlativos al año 2020.
Según Peña, en el trabajo de estos meses, la Cámara ha procurado “molestar lo mínimo posible” a las instituciones que han sido auditadas, puesto que el prioridad ha sido siempre el ámbito sanitario. Precisamente, como consecuencia de las medidas del Estado de Alarma, las instituciones han podido acogerse a la suspensión de los plazos, afectando a la formación y presentación de las cuentas generales de la Comunidad y de los Ayuntamientos. De hecho, Peña ha informado que de las más de 700 entidades que conforman el Sector Público Local, más de 125 se han acogido a la posibilidad. Aun así, las conversaciones con el Gobierno, ha asegurado Peña, “nos hacen confiar” en que esa suspensión no va a hacerse en este caso extensiva en el tiempo, sino que las Cuentas Generales de la Comunidad “estarán presentadas el 30 de julio”. Esto es, con tan solo con un mes de retraso al plazo legalmente establecido.
Para Peña, los últimos meses dejan un balance de trabajo “positivo” pues gracias a la dedicación de toda la plantilla y la disposición de las intuiciones que han sido fiscalizadas en este tiempo, se ha logrado mantener a flote el rendimiento de la Cámara. Se han puesto “todas las necesidades”, ha dicho Peña, para que el organismo pudiese seguir con su función. En particular, Peña ha querido agradecer la disposición al propio Gobierno de Aragón, al que se le está fiscalizando la Cuenta General del año 2019, así como a las corporaciones locales que en este mismo momento tienen programas de fiscalización abiertos.
Durante estos meses, la Cámara asimismo ha concluido la fiscalización de la Universidad de Zaragoza del año 2018, que será aprobada este mismo jueves, y los informes del Sector Público Local, correspondientes también al 2018. Además de estos informes ya cerrados, el organismo se encuentra en proceso de gestión de los informes correspondientes a la derivación de pacientes del Servicio Aragonés de Salud a los recursos de la Sanidad Privada, en el periodo 2012-2018, y de otros ocho informes correspondientes al programa 2020.
