La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la creación del impuesto a determinados servicios digitales, también conocido como ‘tasa Google’, con el fin de reforzar el Estado del bienestar, permitiendo a los ciudadanos “coger el ascensor social”, así como actualizar la fiscalidad a una economía digitalizada.
Así lo ha indicado durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, oponiéndose a la tramitación de esta nueva figura fiscal.
Montero ha argumentado que la crisis del Covid-19 hace necesario sostener el Estado del bienestar mediante “un sistema fiscal justo y progresivo” que actúe como “pegamento social” y redistribuya la riqueza.
En segundo lugar, ha comentado que “el mundo ha cambiado” y que “cada día la economía es más digital”, y que actualmente existe “en la mayor parte del mundo una fiscalidad analógica en una economía digital”. “La fiscalidad actual está pensada para la economía de hace 20 años”, ha afirmado, destacando la necesidad de crear nuevas figuras fiscales.
En este sentido, la titular de Hacienda ha explicado que la ‘tasa Google’ tiene como objetivo gravar a compañías “que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él”, aportando actualmente “escasa o nula tributación”, al tratarse de “grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios”.
Por eso, ha destacado que el impuesto no tendrá ningún tipo de impacto sobre las pymes, y que “no grava las actividades minoristas de comercio electrónico o las ventas entre particulares”.
En concreto, la propuesta del Ejecutivo es que este impuesto, que entraría en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y cuya liquidación tendría lugar a final del año en este primer ejercicio, grave los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
La propuesta del Gobierno contempla gravar con un tipo del 3% a las empresas dedicadas a esas actividades que registren ingresos anuales de, al menos 750 millones de euros a nivel mundial, y que tengan ingresos superiores a 3 millones de euros en España.
Por otro lado, Montero ha resaltado que esta norma tendrá “carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo”, ya que en estos momentos se trabaja en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la propia Unión Europea para crear este impuesto, que, en cualquier caso, “ya ha entrado en vigor en otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Hungría”.
