El Gobierno de Aragón ha anunciado que recurrirá la sentencia por la que ha sido condenado a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPI) a los empleados sanitarios de la provincia de Teruel.
Así, la DGA cuenta con cinco días para presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según han informado fuentes del Ejecutivo aragonés.
Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha aseverado que siempre han defendido “durante toda la pandemia que el Salud ha suministrado a los profesionales los materiales de los que disponía en cada momento”.
En este sentido, ha recalcado que es lógico que la Administración “tenga esa obligación”, insistiendo en haber dado aquellos equipos disponibles en función también “de las necesidades”.
En la citada sentencia, la juzgadora reconoce que los empleados y trabajadores sanitarios han desarrollado su trabajo, aún cuando “podrían haber interrumpido y abandonado su actividad”. Añade que han soportado “un grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición al Covid-19 y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados”.
