Los juzgados de Aragón recuperan entre el 60% y el 70% de su plantilla presencial este lunes

El levantamiento de la suspensión de los plazos procesales está previsto para el próximo 4 de junio

En el estado actual y mientras no sea levantado el estado de alarma, los servicios de vigilancia y seguridad únicamente permitirán el acceso a los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma a aquellas personas que dispongan de cita previa. No obstante, ante la suspensión de plazos procesales y la posibilidad de celebrar vistas, las sedes judiciales recuperarán entre el 60% y el 70% del funcionariado a partir de este lunes 25 de mayo, cuando arranca la Fase 2.

Si bien la semana pasada trabajaron en las sedes de Aragón 425 funcionarios de forma presencial y otros 262 teletrabajaron desde sus domicilios, a partir del lunes la cifra ascenderá a 750 empleados presenciales, que junto a los que teletrabajan hacen que prácticamente estén completas las plantillas y preparadas para estas condiciones. El documento que lo rige es flexible y abierto, por lo que deberá dar respuesta a las cuestiones o incidencias que vayan surgiendo.

Inicialmente, el Plan de Seguridad limita al usuario, salvo casos excepcionales, la entrada a los edificios judiciales. Todos los visitantes, que tendrán que contar con cita previa, además de acceder por los arcos de seguridad, deberán llevar mascarilla como medida de prevención. En el caso de presentar síntomas febriles no deberán atravesar esta zona de acceso. En varios puntos de atención al público (juzgados de guardia, registros civiles, juzgados de violencia de género y puntos de información) se han colocado mamparas para la protección individual y colectiva.

Otras medidas de protección directas apuntan a la colocación de barreras físicas para limitar el paso de público a zonas de acceso restringido; la puesta en marcha de una sala de vistas y la reordenación de la sala de declaraciones para los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Ciudad de la Justicia; la sustitución de secadores de mano eléctricos por dispensadores de papel y el cierre de office y maquinaria de vending.

En todos los puntos de acceso al público se plantea colocar barreras mediante postes de balizamiento y cintas de PVC, con lo que se fomenta el distanciamiento a mostradores. Esta medida se completa con señalización horizontal adherida al suelo. En las bancadas se limitarán los asientos a utilizar.

En los ascensores se limita la capacidad a una persona, salvo los de grandes dimensiones, que se limitarán a dos personas.

Medidas de organización interna 

La puesta en marcha de estas medidas ha forzado a una reorganización de puestos de trabajo en un amplio número de ellos. La planificación realizada tiene como finalidad el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendado por las administraciones sanitarias, siempre con una planificación que interrumpa lo menos posible el funcionamiento interno. El Plan propone también ajustar la ventilación a la ocupación con la finalidad de mantener una alta calidad del aire.

El documento recoge de esta forma las medidas aconsejadas por los diferentes organismos competenciales, sobre todo las emanadas del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. Tiene como punto de partida las recomendaciones dictadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón y las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma.

Las medidas adoptadas se reparten entre cuatro ámbitos de actividad: Edificios, instalaciones y servicios generales; limpieza y desinfección; medidas de protección individual; y tecnología de la información. La aplicación de estas medidas supone igualmente la revisión de todas las sedes judiciales con una propuesta de uniformidad en los tratamientos y las necesarias adaptaciones en cada una de ellas.

Desde el inicio del estado de alarma el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha publicado varias órdenes y resoluciones, tanto de la propia consejera, Mayte Pérez, como de la directora general de Justicia, Mª Angeles Júlvez, para fijar el número de funcionarios presenciales que debían atender los servicios esenciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma que, a su vez, desarrollaban y adaptaban las instrucciones del Ministerio de Justicia.

Esta situación continuará hasta la total incorporación de los funcionarios a los Juzgados y Tribunales y la normalización de la actividad judicial, que se producirá el próximo día 4 de junio.

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