Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sostiene que la declaración del estado de alarma fijada por el Gobierno de la nación no puede restringir derechos fundamentales, -reunión y manifestación-. Asimismo, cuestiona la constitucionalidad del Real Decreto (RD) que regula el referido estado de alarma, haciendo hincapié en su artículo 7º pues, dada la intensidad de su aplicación y el fondo de su contenido, presupone más bien una excepción que una alarma.
El más puro dogmatismo constitucional establece que el estado de alarma puede “limitar” la circulación de las personas y de vehículos en lugares y horas determinadas, pero en ningún caso conllevará supresión alguna de derechos o libertades fundamentales. Al hablar institucional y abiertamente del “confinamiento”, esto implica explícita y objetivamente una auténtica restricción de libertad de movimientos, y muy agresiva, quizá un hecho relevante para interponer un recurso de inconstitucionalidad.
De los tres estados prescritos en el artículo 116º de nuestra Constitución, el de alarma es el más leve. Cierto es que el derecho a la salud y a la vida prevalecen sobre otros. Por ello, quizá, el Gobierno de la nación debía haber declarado el estado de excepción. Acostumbrados a sus ambiguas maniobras normativas, y a la desinformación constante a las que estamos sometidos, el arbitrio y el abuso de poder confirman la manipulación de la ciudadanía. Asimismo, las discordancias resolutivas entre órganos jurisdiccionales, crean un clima de bloqueo y desconfianza no deseable.
Uno de los triunfos contra el caciquismo decimonómico fue consolidar en una Ley Fundamental la limitación de poder totalitario y absolutista de épocas pasadas, manifestado en la corrupción de las Constituciones, siendo meros papeles mojados al servicio de los intereses partidistas de turno. En la actualidad, aquellos ecos resuenan con ímpetu en orden a la mancillada descomposición que sitia a nuestra vigente Constitución de 1978. Los ejes constitucionales, materializados en el imperio de la ley, la separación de los poderes facticos y el pluralismo político propios de un Estado social y democrático de Derecho, están siendo doblegados sin pudor por un depredador gobierno social-comunista tan sectario como inicuo y embaucador.
El pueblo español está atónito por la dilatada promulgación de Reales Decretos que, muy poco o nada, tienen que ver con la situación pandémica. Así las cosas, al social-comunismo le urge “legislar” con rapidez para obviar el procedimiento habitual de debate parlamentario, abusando de la concentración de poder que le otorga el estado de alarma. La separación de poderes lamentablemente también opera en un escenario desdibujado, una linde a caballo entre lo legal con lo controvertido.
Cuando el muro de Berlín cayó, se certificó la negación del comunismo. Pero el ideológico progresismo compulsivo con el que el Ejecutivo arruina a España, desoyendo la historia, hace retroceder cuanto compete en el ámbito económico y social. El Gobierno se aferra más que nunca al anacrónico puño en alto de la Internacional, donde los “parias de la tierra” habitan en lujosas viviendas y sus “salarios” son de ensoñación. La hoz secciona las libertades públicas, mientras que el martillo golpea sin piedad los derechos fundamentales hasta hundir la integridad humana, regando de rojo su bandera con la sanguinolienta hambruna, la miseria y la penuria total.
Los griegos distinguían entre democracia (demos-pueblo / krátos-gobierno) y demagogia (demos-pueblo / ágein-conducir), para establecer las diferencias entre un gobierno de elegidos por el pueblo de otro conducido por las masas. Llamaban demagogos a los que daban rienda suelta a sus perversos instintos para hacerse con el poder alejado del servicio honesto, pauta que se revela hoy en una democracia callejera, maquiavélica, más cerca de una dictadura que de la libertad parlamentaria.
La expresión libre no gusta al radical socialismo del ciudadano Sánchez, ni al tirano comunismo del proletario Iglesias. El disenso lo relacionan con la incitación al odio, que, por cierto, en eso, están bien adiestrados. Bajo el engaño de la mesiánica salvación del cautiverio capitalista, humillan al pueblo soberano por medio de un redencionismo falso, hasta tal punto, que han provocado la decadencia más pavorosa jamás vivida desde hace décadas.
Ojalá que el cambio de rumbo político venga timoneado por aquellos grupos parlamentarios que guiados por el sentido de Estado, sumen representación suficiente como para presentar una moción de censura que, prosperando, hiciese abdicar democráticamente al Gobierno actual. Debemos evitar la ruina social-comunista salvando lo que aún no está del todo perdido, para nuestro bien personal, el de la nación y el del futuro de nuestras generaciones. Simplemente es cuestión de voluntad.
