La DGA apuesta por los juicios telemáticos hasta que vuelva la normalidad

Pérez ha reconocido que "es de esperar un aumento en la litigiosidad en los distintos ámbitos como el laboral o mercantil"

El Gobierno de Aragón ha reiterado su apuesta por la digitalización de la Justicia y la incorporación de sistemas telemáticos, potenciada por las actuales restricciones de seguridad e higiene. Actualmente, 133 magistrados jueces, 62 fiscales y 93 letrados de la Comunidad, es decir, el 87% de la plantilla, están trabajando con un ordenador portátil dotado por la Administración autonómica, y 277 funcionarios de los 877 posibles han elegido teletrabajar.

Así lo ha expuesto la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, durante una comparecencia en las Cortes de Aragón a raíz de una interpelación de Ciudadanos. Su diputada Beatriz García ha señalado algunas secciones donde pone en cuestión el teletrabajo, como el Instituto de Medicina Legal de Aragón o los gabinetes psicosociales. Además, ha preguntado sobre el plan de prevención para los juzgados y sobre la posibilidad de utilizar “estancias infrautilizadas” para garantizar que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de “denunciar con plenas garantías”.

Sobre ese plan de prevención, Pérez ha afirmado que el texto “ya está publicado y divulgado”, con las aportaciones de los profesionales del TSJA, y que se “irá poniendo en marcha”, al mismo tiempo que se elabora un plan de contingencia. Asimismo, ha aceptado de buen grado habilitar otras salas de los edificios de la Justicia aragonesa, la mayoría de moderna construcción, para la realización de juicios telemáticos. “Esta situación nos ha hecho ver la oportunidad que tiene el teletrabajo y la obligatoriedad de preparar los servicios públicos para nuevas contingencias. La Justicia está en ese objetivo común”, ha resaltado la consejera.

De hecho, el juzgado de Barbastro se convirtió en pionero a nivel nacional tras la celebración del primer juicio en España por videoconferencia, en una sala virtual. Se trataba de un asunto de familia, de modificación de medidas, y tuvo lugar sin incidencias técnicas. “Es una oportunidad todo lo que tiene que ver con videoconferencias, en residencias, en las relaciones familiares, y los servicios públicos debemos incorporarlas”, ha aseverado.

Pese a ello, Pérez ha reconocido que “es de esperar un aumento en la litigiosidad en los distintos ámbitos como el laboral o mercantil”, lo que, unido a los lógicos retrasos, “puede desembocar en una situación complicada si no se adaptan medidas desde el ámbito superior”. “Negarlo sería no querer enfrentarse a una realidad que está ahí”, ha añadido.

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