La DGA se desmarca de un posible aplazamiento al contribuyente del pago de impuestos durante un año

La Comisión de Hacienda ha debatido el futuro de los tributos aragoneses. Imagen de archivo
La Comisión de Hacienda ha debatido el futuro de los tributos aragoneses. Imagen de archivo

Las injerencias de la Covid-19 probablemente obligarán a las arcas estatales y autonómicas a enfrentar una compleja situación a largo plazo. Precisamente por ello, y ante la posibilidad de que pueda verse mermada su capacidad para encarar mayores “prejuicios presupuestarios”, el gobierno de Aragón, por ahora, sigue sin mostrarse “proclive” a estirar o a ampliar, a un año, los plazos habilitados para que los contribuyentes efectúen el pago de sus impuestos. Es el argumento que ha defendido en comisión de Hacienda el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, en respuesta a la pregunta formulada por la portavoz popular, Carmen Susín.

Aunque durante los próximos meses cualquier medida será objeto de análisis, lo cierto es que toda política tributaria va a estar ligada a los movimientos que determine en esta materia la competencia estatal y europea. En esa línea, aunque augurando un “devastador” efecto de la crisis sanitaria, Pozuelo ha asegurado que hasta que no se conozca el impacto exacto de la pandemia sobre la economía, ninguna autonomía estará “en condiciones” de definir con concreción la viabilidad real de adoptar medidas anexas o reforzar las ya existentes. En cualquier caso, el director de tributos ha asegurado que las acciones consiguientes estos meses vendrán a garantizar la “suficiencia de ingresos” para hacer frente al gasto público.

Sin embargo, y refiriéndose a la inyección de liquidez autonómica anunciada por el gobierno central, desde el grupo popular, Susin ha insistido en la posibilidad de que se retrasen dichos pagos, pues “cada contribuyente debe decidir si puede o no hacer frente a las cargas tributarias”. A este respecto, Pozuelo ha avalado el compromiso del gobierno de que, cuando llegue el momento, seguirán atendiendo “al principio constitucional de grabar conforme a la capacidad contributiva” del ciudadano.

Por otro lado, ante la muestra dubitativa de Susin acerca de la “pérdida de 25 millones de euros mensuales en la recaudación de impuestos”, Pozuelo ha querido matizar asimismo que el consejero del ramo, Carlos Pérez Anadón, es “plenamente consciente de que no se trata de una perdida mensual”, sino de una ampliación “puesta a disposición a los contribuyentes que resultaran obligados al pago de tributos por haberse devengado conforme a ley”. Por tanto, en el caso de que los contribuyentes se acogieran a esa posibilidad de presentar más tarde las autoliquidaciones, “se produciría una inyección de media de 25 millones de euros”. Como la aplicación de los plazos de presentación, que se prevé permitirlo llevarlos dos meses más allá de la feche que le correspondería, ha explicado el Pozuelo, “la imputación presupuestaria de estos ingresos será en este ejercicio 2020”.

La ampliación de plazos “genera liquidez al contribuyente, pero también para los que quieran proceder al pago puntual de sus impuesto a hacerlo”, ha zanjado. Aun así, en desglose, el director de tributos ha anunciado que, en el mes de marzo, la recaudación en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados “ha sido un 15% inferior a la de marzo de 2019 año” y de un 40% inferior en impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La portavoz popular asimismo ha querido interpelar al director general de tributos para que aclarara si Aragón está considerando la opción de aliviar la situación de familias, autónomos y empresas mediante la aplicación de bonificaciones o beneficios fiscales concretos, o si, por otro lado, se está estudiando la posibilidad de condonar cierta tipología de impuesto, como el de Sucesiones y Donaciones. Precisamente, el Partido Popular ha propuesto que la obligación de este último pueda llegar a eliminarse a aquellas familias que hayan padecido pérdidas de algún miembro por coronavirus.

Para Pozuelo, que ha calificado la petición como un “clásico” dentro de las reclamas tributarias de los populares, ha declarado que la “armonización” del impuesto es la que, a priori, seguirá en vías de estudio. Por otro lado, ha revelado no “alcanzar entender” cuál busca ser el fin de la condonación propuesta para el impuesto de sucesiones y donaciones por fallecimiento por covid-19, cuando la verdadera esencia de este impuesto no es otra que “agravar el enriquecimiento”, tan solo, de las altas rentas.

Incorporación progresiva de los funcionarios

Durante la comisión también se ha debatido acerca de los próximos movimientos de cara a una “progresiva” incorporación de la plantilla de la administración. Ante ese escenario, los distintos grupos parlamentarios y el gobierno de Aragón se han “alineado” en cuando a la consideración de que esta incorporación debiera hacerse bajo estrictos criterios de “seguridad”. Para ello, de Ruste ha asegurado que se llevarán a cabo “planes y protocolos” reforzados.

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