Aragón contabiliza más de 3.200 accidentes laborales en solo dos meses

La siniestralidad ha subido en los dos primeros meses un 11,41% durante la jornada de trabajo

En el marco de la celebración de un Día Internacional de la salud y la seguridad en el trabajo, que coincide este año en medio de una crisis mundial sanitaria sin precedentes, Comisiones Obreras de Aragón y la Unión General de Trabajadores de Aragón han querido recordar que la pandemia ha puesto de manifiesto que “la salud laboral es indisociable de la salud pública”. Según los datos que manejan ambos sindicatos, extraídos de las estadísticas oficiales del Gobierno de Aragón, tan solo en los dos primeros meses de 2020 llegaron a contabilizarse un total de 3.206 accidentes laborales, de los cuales 2.753 sucedieron en jornada de trabajo y 354 fueron accidentes in itínere.

Por sectores, el sector de industria es el más perjudicado con un incremento de casi 14% con respecto al mismo periodo, produciéndose 839 siniestros laborales en jornada, seguido de servicios (sube un 12,21%), construcción (5%) y agrario (4,92%). La siniestralidad sube en los dos primeros meses un 11,41% en jornada de trabajo, y baja en los accidentes in itínere en un 5,82%. En cuanto a las enfermedades profesionales, los datos reflejan un descenso en el registro de las mismas, disminuyendo en un 14,66%.

La organización ha argumentado asimismo que los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados “han sido importantes vectores de propagación del virus”, por lo que “han quedado en evidencia” las políticas que pretenden “priorizar los beneficios empresariales” sobre otros derechos prioritarios “como la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas”. Así, desde los sindicatos argumentan que las políticas de austeridad “impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales, por lo que “se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública”. Lamentan, además, las consecuencias de que asimismo se vieran reducidas “las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva”.

La consecuencia para la organización “fue clara”: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas. En un manifiesto conjunto, las organizaciones sindicales destacan que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión.

Además, se han evidenciado los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización. Así, aunque los servicios de prevención, son indispensables para la organización de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos, han mostrado limitaciones para minimizar las exposiciones al virus. El papel de los servicios de prevención ajenos ha sido escandaloso, ya que no han desarrollado, ni antes, ni por supuesto ahora, una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa.

Mayor coordinación entre departamentos

Para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo del Gobierno de Aragón. Según la organización, tanto el ISSLA como Salud Pública y la propia Inspección de Trabajo “padecen limitación de recursos”. Además, reprueban que “la escasez de inspectores de trabajo –contando España con una de las ratios más baja de Europa- ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias presentadas”. Por ello, ambos sindicatos reclaman más recursos para el ISSLA y una mayor inversión en la prevención en las empresas aragonesas. Los sindicatos reclaman mayor coordinación entre las administraciones, integrar la salud laboral en la pública y mayor control en las empresas que no cumplen la normativa.

Por último, señalan que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas. Para los sindicatos, la epidemia de Covid-19 “revela la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España, la escasez de recursos en las administraciones o la falta de inversión en Prevención en las empresas”, pues ha llegado a anteponerse “el beneficio a la salud de las personas trabajadoras”. Critican que a ello se hayan sumado “las limitaciones o la inacción de los servicios de prevención, la falta de integración de la salud laboral en la salud pública, la falta de coordinación entre administraciones; la escasez de recursos humanos o la falta de apoyo a nuestras denuncias por parte de Inspección de trabajo”.

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