El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este viernes su intención de gestar una Comisión por el Futuro de la ciudad con el objetivo de analizar las consecuencias económicas y sociales del Covid-19 y emitir un dictamen con las medidas necesarias para luchar contra esta crisis. Así lo ha revelado la vicealcaldesa, Sara Fernández, quien ha expresado su deseo de aprobar esta moción por unanimidad. “Es un momento histórico para la ciudad y todos deberíamos estar a la altura, dejar atrás cualquier intención partidista”, ha agregado Fernández, quien ha señalado la presencia de los agentes sociales y económicos.
El objetivo de esta comisión plenaria especial no es otro sino esclarecer la incertidumbre que plantea la desescalada, ha indicado la vicealcaldesa. Un escenario que la concejal popular de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, ha calificado de “insostenible”. “Estamos asumiendo unos gastos y una caída de ingresos municipales de más de 60 millones de euros”, ha denunciado Navarro, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía cuenta con un nivel de endeudamiento del 98%.
“Tenemos un pequeño flotador”, ha reconocido, ya que gracias a la amortización de 124 millones de euros de deuda podría permitirles recurrir al endeudamiento, aunque “seguimos siendo la ciudad más endeudada de España”. Por tanto, Navarro ha presentado una moción al Gobierno de España, en donde solicitan la “flexibilización absoluta” del límite fijado para el gasto social en los Ayuntamientos, que el Real Decreto Ley actual establece en un 20% del presupuesto. “Si un Ayuntamiento se quiere gastar parte del dinero en movilidad, mascarillas para sus funcionarios o mamparas, que es una inversión para la desescalada, tiene que poder hacerlo”, ha reclamado.
Asimismo, la concejal de Hacienda ha reclamado mayor liquidez para las entidades locales, por lo que ha propuesto el adelanto de las transferencias del Estado. Una cantidad que, en el caso de Zaragoza, según Navarro, asciende hasta los 250 millones de euros y todavía está pendiente el cobro de “casi la totalidad”. La concejal ha pedido un anticipo porque “es incoherente que aplacen impuestos y tasas y el Gobierno de España no nos adelante esa liquidez”.
En este sentido, Navarro ha exigido el acceso sin intereses a los denominados préstamos ICO, que garantiza el Gobierno de España pero son ejecutados a través de entidades financieras. Además, la concejal de Hacienda ha exigido la prórroga del destino del superávit procedente del 2019 al 2020, porque, lamenta, “sino estamos atados de pies y manos y no podemos dar un paso al frente”.
Esta moción también pide la autorización a los ayuntamientos para realizar gastos en áreas que no les competen, como el empleo o la educación, así como la liquidación del IVA de 2017, que ya reclamaron Gobierno de Aragón y Consistorio y asciende a 80 millones de euros. Finalmente, Navarro ha reclamado un Fondo de Reactivación Económica y Social para las entidades locales por parte de Europa, ya que, en caso de no estar representadas en este plan, “va a ser un caos el plan de desescalada”, ha anunciado.
“Es muy necesario que conozcamos la situación económica y las medidas que se van a tomar por parte de otras instituciones con ayuntamientos para tomar decisiones responsables”, ha sentenciado Navarro.
El presupuesto de 2020 está superado
La vicealcaldesa Fernández ha reconocido que van a existir modificaciones en el presupuesto municipal para 2020, aunque Navarro ha ido más allá y ha afirmado que “está superado desde hace mucho”. A este efecto, la concejal de Hacienda ha indicado que el presupuesto sufrirá las operaciones necesarias para que les permite legislar “lo más rápido posible”, por lo que desconoce si realizarán una “macromodificación” o una tramitación.
