La DGA ha formalizado casi 1.500 contratos nuevos de personal sanitario para combatir el coronavirus

Se han contratado también profesionales jubilados y estudiantes de último año de carrera

Un total de 1.498 profesionales sanitarios adicionales han sido contratados en Aragón para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. De este millar y medio de empleados, 657 son enfermeros, 79 son médicos, 421 trabajan de auxiliares y 215 son celadores, mientras que 126 personas se desempeñan otras labores, como los técnicos de rayos, telefonistas o conductores. Asimismo, se han acometido un total de 118 contrataciones de sanitarios jubilados y estudiantes de último curso de Enfermería o Medicina, que computan con carácter extraordinario.

“Tenemos contratados a la práctica totalidad de los médicos disponibles”, ha afirmado el gerente de Salud, Javier Marión, que ha manifestado también que se han mejorado los contratos de los residentes de último año. Asimismo, ha destacado la labor de los siete voluntarios que se desempeñan en dos de los centros habilitados para acoger pacientes, ubicados en las localidades de Alfambra y Gea de Albarracín.

Los centros de riesgo reciben 18.500 test rápidos 

El servicio de Salud ha repartido una cantidad aproximada de 18.500 test rápidos en los centros aragoneses en los que hay un mayor riesgo de contagio por coronavirus, tales como las unidades de urgencias y las plantas de los hospitales, centros de atención primaria como residencias o aquellos precisados por el 061. El objetivo principal es proveer de test de diagnóstico a los colectivos de mayor riesgo, mientras que también existen unidades disponibles para realizar el test a los trabajadores esenciales que lo precisen.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha explicado que en la Comunidad ya se han realizado más de 15.000 PCR y 600 test rápidos, aunque ha advertido de que son necesarios “unos días” para terminar de definir los resultados. Esto se debe, según ha manifestado, a que los casos diagnosticados –aproximadamente el 25% si se tiene en cuenta la totalidad de las pruebas realizadas- no son necesariamente casos nuevos, sino que algunos de ellos pueden coincidir con un diagnóstico realizado previamente.

En este sentido, Falo ha llamado a respetar los protocolos establecidos ya que, según ha explicado, “el Ministerio intenta que todos los dispositivos se sometan al procedimiento dictaminado por el sistema de Salud”. “Hay dispositivos que se salen de eso”, ha advertido.

Respecto a las pruebas rápidas, Falo ha alertado de que “detectan unos días más tarde” puesto que “miden anticuerpos”, por lo que ha aconsejado que los test se realicen al cabo de unos días, tal y como dictaminan los protocolos, ya que de no hacerlo la probabilidad de diagnosticar falsos negativos es “muy alta”. “Hay que tener en cuenta las circunstancias de cada paciente y hay que asumir que en los diagnósticos puede haber fases de incertidumbre”, ha completado.

En cuanto a la posibilidad de incorporar iniciativas privadas para paliar la alerta sanitaria, Falo ha explicado que las pruebas de diagnóstico “tienen sentido” en tres situaciones: realizar mejor una valoración individual, permitir tomar determinadas decisiones sobre un colectivo y permitir conocer mejor una situación. “Con todo el respeto del mundo, si las iniciativas privadas no ayudan a ninguno de los tres aspectos, puede causar más confusión y caos, que es lo último en lo que necesitamos introducirnos”, ha aseverado el director general.

“Todos los recursos sanitarios privados deben someterse a lo público y los servicios privados diagnósticos también deben someterse a la norma”, ha concluido.

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