Olona reconoce que la campaña de fruta este año “no será normal” y se verá frustrada

Todos los grupos parlamentarios han trasladado su preocupación al respecto

Hace apenas exactamente un mes que el campo se lanzaba con sus tractores a las calles de toda España para reivindicar un futuro que estaba viéndose truncado por la crisis estructural que el sector sufre desde hace años. Sin embargo, la crisis del covid-19 no ha hecho sino agravar más su situación, pues se enfrenta a un efecto dominó que provocará, entre otras, la caída de la demanda y la recesión económica a nivel mundial. Ante este escenario, la comisión de Agricultura celebrada este miércoles entre las distintas fuerzas políticas de Aragón ha analizado el “complejo” contexto en que ahora se verá envuelto el sector aragonés, que va a toparse con su primer apuro de manera apremiante: la falta de mano de obra para la campaña de recogida de la fruta.

Todos los grupos parlamentarios han trasladado su preocupación al respecto, y han de hecho mostrado su inconformiso con respecto a las medidas que el gobierno de España ha decretado este mismo jueves para paliar este problema al que también se enfrenta el país. Ven “insuficiente” el movimiento del ejecutivo central, pues consideran que los criterios de proximidad que se han adoptado –contratar personal local- no se ajustan a las necesidades de Aragón. El territorio es muy disperso y se necesitarían, al menos, 15.000 temporeros.

Por esta razón, algunas fuerzas políticas han reforzado la idea de que pudiese establecerse un llamado “corredor sanitario”, a través del que se efectuara el traslado de personal a nivel interautonómico. Sin embargo, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, no ve factible este plan, precisamente porque resultaría inviable dicho traslado dadas las circunstancias sanitarias en las que se encuentra el país. En ese sentido, ha aconsejado a sus interlocutores parlamentarios a no proponer cuestiones tan improbables ahora mismo, y a no “generar expectativas” que indudablemente van a “quedar frustradas”. Por ello, ha dicho tajante el consejero, quizá haya llegado el momento de que “empecemos a asumir que esta campaña no va a ser normal”.

Otra de las cuestiones que mantiene asimismo en vilo a miles de agricultores y ganaderos es el adelantamiento de los pagos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para este año. Sobre esta cuestión, el consejero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, pues ha garantizado que “se cumplirán los plazos establecidos por la Comisión Europea”. De hecho, el Gobierno de Aragón ha abonado ya a los agricultores aragoneses 33,7 millones de euros correspondientes al tercer pago de las ayudas de la PAC de la campaña 2019, del que se benefician 35.000 personas y el siguiente pago está previsto entre la segunda quincena de abril y la primera semana de mayo hasta completar los 64,1 millones de euros pendientes del cierre de la campaña.

Además, aunque confesando que asume ciertos “riesgos” por este posicionamiento, se ha comprometido a fijar un calendario para dar “certidumbre” a todos aquellos que viven del campo y que son imprescindibles para dar de comer al mundo. El consejero y los distintos grupos parlamentarios han declarado ineludible comprender que tanto la Agricultura como la Ganadería son “esenciales” para la sociedad, y, como tales, requieren de un mayor refuerzo a todos los niveles. “Toda ayuda es poca”, han coincidido todos.

Garantizar los servicios esenciales de la cadena alimentaria 

En esa línea, el Gobierno de Aragón declaró de carácter esencial las actividades precisas para garantizar la cadena alimentaria, a través del Decreto ley 1/2020 de 25 de marzo. Como consecuencia de la consideración de servicio esencial de la cadena alimentaria, se ha levantado la suspensión de los procedimientos administrativos, lo que permite continuar con los trámites de expedientes de ayudas, gastos, contratos y procedimientos relacionados con cadena alimentaria previstos.

Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se ha llevado a cabo un estrecho seguimiento del sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma con el propósito de conocer de primera mano las dificultades y necesidades a las que se enfrenta. Para ello, mantiene reuniones virtuales semanales con todos los órganos gestores de las distintas figuras de calidad agroalimentaria diferenciada, así como con los principales agentes representativos del sector. En particular, se analizan las necesidades específicas de mano de obra y EPI’s en el sector, que se han cifrado en 185.000 mascarillas y 185.000 pares de guantes semanales.

Se está garantizando la prestación de los servicios públicos exigidos por el movimiento pecuario y de productos vegetales, un requisito absolutamente imprescindible para el normal funcionamiento de la cadena alimentaria y de las exportaciones a terceros países, manteniendo al mismo tiempo las campañas de saneamiento, control de plagas y enfermedades y labores de vigilancia de las que depende la sanidad animal y vegetal, la seguridad alimentaria y su vinculación con la salud pública. Igualmente, se mantiene el control del movimiento de residuos dentro y fuera de la Comunidad Autónoma. En colaboración con Aragón Exterior se sigue la evolución de los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, está asegurada la gestión de las ayudas clave para el mantenimiento de 673 empleos, ligados a cuerpos técnicos -proyectos de cooperación e innovación, formación al sector, transferencia tecnológica, asesoramiento a explotaciones, la estructura y los proyectos de los grupos Leader y las asociaciones de razas autóctonas- así como jóvenes incorporados al sector, garantizando la correcta tramitación de los 25,7 millones de euros involucrados.

Asimismo, tras la declaración del estado de alarma, el Departamento ha asegurado la continuidad de los servicios y prestaciones básicas, no solo en los servicios centrales, sino en los provinciales y comarcales. Se establecieron como servicios esenciales la explotación de depuradoras de aguas residuales, control del lindano, prevención y extinción de incendios, vigilancia mínima en Espacios Naturales Protegidos, dirección de obras y servicios, mantenimiento de instalaciones y explotaciones animales y vegetales, control veterinario, movimiento pecuario, recogida de cadáveres, inspección y control de fraude de la cadena alimentaria, servicios mínimos del laboratorio agroambiental y autorizaciones e inspecciones estratégicas, donde se incluye el traslado de residuos.

El Gobierno de Aragón ha procedido asimismo a la suspensión de los plazos de pago de las remesas de los recibos que estaban en marcha y cuyo periodo voluntario de pago finalice o está previsto que comience dentro de la vigencia del estado de alarma. No obstante, los pagos que se realicen tienen plenos efectos y serán liberatorios de la deuda.

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