Los autónomos de Aragón exigen “bonos vacuna” para evitar el cierre de sus negocios

Los autónomos siguen criticando que la prestación por cese de actividad se restrinja al 75% de pérdida de ingresos

A pesar de la aprobación de un nuevo Decreto Ley dirigido a paliar los efectos económicos del coronavirus, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA Aragón) ha reclamado este miércoles una serie de ingresos directos a autónomos y pymes en situación de vulnerabilidad. Son los denominados “bonos vacuna”, que deberían garantizar el desarrollo de la actividad de sus negocios durante, al menos, un año ininterrumpido y cuyo coste rondaría los 900 euros mensuales.

Un esfuerzo que, según el secretario general de la UPTA Aragón, Álvaro Bajén García, debe aunar a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de la mano del Gobierno de España “para que la Unión Europea no nos lleve a más endeudamiento”. En este sentido, ha reclamado que no se considere esta emisión de bonos una falta de competencia, ya que “cuando pasó con la banca, nadie dijo eso”.

Una propuesta que pretende ahondar las medidas ya implementadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este martes: la moratoria en el pago de la cotización de mayo a julio durante seis meses y el pago de las deudas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio. Dos acciones que reclamaban los autónomos y que Bajén ha agradecido, aunque las considera “insuficientes”.

El secretario de UPTA Aragón ha criticado que la prestación por cese de actividad se siga aplicando a autónomos cuyas pérdidas de ingresos alcancen el 75%, ya que se trata de un grupo muy reducido de negocios. A este escueto segmento se le considera en situación de vulnerabilidad económica. Una denominación que se amplía en el caso de las moratorias para el pago de la vivienda, puesto que contempla a autónomos con un 40% de pérdidas de ingresos.

“Regúlenlo bien”, ha exclamado un visiblemente indignado Bajén, quien ha reclamado que la consideración de vulnerabilidad económica sea la misma en ambos apartados: entre el 40% y el 50% de pérdida de ingresos. Además, ha lamentado que entre las nuevas medidas no se incluyan las demoras en el pago del alquiler para los locales de negocio.

Ante la necesidad de un plan de choque estratégico para restaurar la economía en niveles de rentabilidad, Bején ha apuntado que no solo debe agrupar a grandes empresas, sino también a medianas, pequeñas y autónomos. “De lo contrario perderemos un tejido productivo esencial para que se pueda desarrollar nuestra economía y nos encontraremos en una situación de verdadera problemática socieconómica”, ha advertido.

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